El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido nuevas directivas destinadas a despojar a los ciudadanos estadounidenses naturalizados de su estatus si son acusados de cometer un delito o de representar una amenaza para el país. Un memorando del Departamento de Justicia publicado a principios de este mes afirma que los ciudadanos naturalizados sujetos a estos “procedimientos civiles” tampoco tendrán derecho a representación legal. Se estima que hay 25 millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos.
Mientras tanto, en una medida sin precedentes, el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump ha creado, en colaboración con el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, una base de datos nacional de vigilancia de la ciudadanía para almacenar información proveniente de agencias federales de inmigración y de la Administración del Seguro Social.
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