Titulares17 de julio de 2025

Las fuerzas armadas de Israel continúan atacando a civiles en diferentes partes de la Franja de Gaza, donde han matado al menos a 93 palestinos en las últimas 24 horas. Durante la noche del miércoles, Israel bombardeó la escuela Abu Halu del campamento de refugiados de Bureij y mató al menos a cuatro personas que se refugiaban allí. Asimismo, las fuerzas armadas israelíes lanzaron un ataque cerca de la escuela Imam Shafi’i de la ciudad de Gaza y se cobraron la vida de tres palestinos.

Mientras tanto, el personal médico de Gaza afirma que dos mujeres murieron cuando un tanque israelí disparó contra la Iglesia de la Sagrada Familia en el norte de Gaza, donde se refugiaban decenas de cristianos y musulmanes. El ataque causó heridas a varias personas, incluido un niño con discapacidad y el padre Gabriel Romanelli, un párroco de Gaza que era cercano al difunto papa Francisco. Romanelli sufrió heridas en las piernas.

La llamada Fundación Humanitaria de Gaza, una organización que es respaldada por Estados Unidos e Israel, ha emitido un comunicado en el que, sin evidencia, acusa a Hamás de provocar los disturbios que causaron el miércoles la muerte de 21 palestinos en su centro de distribución de ayuda humanitaria en Jan Yunis. Los sobrevivientes culpan de las muertes a los guardias de la Fundación Humanitaria de Gaza, que, según afirman, desencadenaron una estampida mortal al disparar gas lacrimógeno contra una multitud de palestinos hambrientos que estaban haciendo fila para recibir paquetes de alimentos.

Abdallah Alyan: “Lo juro por Dios, esta ayuda es una trampa. Esto no es ayuda. Nos disparan. Nos lanzan bombas, nos rocían con gas pimienta para quemarnos los ojos. […] La alternativa es abrir el paso fronterizo, dejar entrar los productos para que bajen los precios en el mercado. Esta es la alternativa para esta ayuda. Esta es la alternativa. Abran el paso fronterizo, y todo será más barato en el mercado. Los palestinos dependen de esta ayuda para sobrevivir en la trampa, la trampa de los israelíes”.

Las fuerzas armadas sirias se han retirado de la ciudad sureña de Suwayda tras llegar a un nuevo acuerdo de alto el fuego con grupos armados de la región de mayoría drusa. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, ha dicho que el acuerdo busca poner fin a varios días de actos de violencia sectarios, que se agudizaron cuando Israel se puso del lado de los combatientes drusos y atacó a las fuerzas sirias en Suwayda.

Mientras tanto, el número de muertes por los ataques que Israel lanzó el miércoles contra la ciudad de Damasco asciende a tres personas, al tiempo que decenas resultaron heridas. Dichos ataques israelíes destruyeron parte del Ministerio de Defensa sirio, lanzando una enorme columna de escombros y humo por los aires. Esta escena fue transmitida en vivo por televisión. Israel también bombardeó una instalación cerca del palacio presidencial. El presidente Sharaa condenó los ataques israelíes.

Presidente Ahmed al-Sharaa: “Israel, que ha estado atentando contra nuestra estabilidad y creando discordia entre nosotros desde la caída del régimen anterior, ahora, está tratando una vez más de transformar nuestra tierra pura en un escenario de caos sin fin. Israel busca romper con la unidad de nuestro pueblo y debilitar nuestra capacidad para avanzar en el proceso de reconstrucción”.

La convulsión política dentro del Gobierno de Israel se está agravando, después de que dos partidos ultraortodoxos anunciaran que abandonarán la frágil coalición del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo que lo deja sin la mayoría parlamentaria de 61 escaños.

Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, estuvo presente el miércoles en el tribunal de Tel Aviv donde Netanyahu está siendo juzgado por corrupción. Antes de asistir a la audiencia judicial, Huckabee se sumó al pedido del presidente Trump para que los fiscales retiren los cargos contra el líder israelí y calificó a los jueces que presiden su caso de “totalmente injustos”.

Un grupo de 30 países anunció una serie de medidas destinadas a detener los ataques israelíes contra Palestina y poner fin a la “era de la impunidad de Israel” tras concluir una cumbre de dos días en la ciudad de Bogotá, Colombia. Las medidas incluyen prohibir la venta de armamento a Israel y revisar los contratos públicos con empresas que se benefician de la ocupación israelí de Palestina. Sin embargo, hasta el momento, solo 12 países han acordado implementar dichas medidas. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, calificó la cumbre del Grupo de La Haya como un “punto de quiebre”.

Riyad Mansour: “Estamos comenzando un proceso que incluirá a una ola masiva de países, de organizaciones de la sociedad civil, de empresas, de individuos, de quienes valoran el derecho internacional y la justicia a fin de empezar a tomar medidas prácticas para obligar a Israel a detener los actos de genocidio que ha estado cometiendo contra nuestra gente, especialmente en la Franja de Gaza”.

En noticias relacionadas, Brasil, que es miembro del Grupo de La Haya, confirmó recientemente a la cadena Al Jazeera que pronto se sumará formalmente a la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

Mauro Vieira: “Hicimos un gran esfuerzo para intentar que se entablen negociaciones. Y los acontecimientos más recientes de esta guerra, nos hicieron tomar la decisión de unirnos a Sudáfrica en [la demanda que presentó ante] la Corte Internacional de Justicia”.

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha votado a favor de la solicitud del presidente Trump de recuperar 9.000 millones de dólares en fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso para ayuda internacional y medios de comunicación públicos. Los recortes tendrían un impacto mínimo en la deuda nacional, pero podrían ser una sentencia de muerte para programas vitales de salud global, de asistencia alimentaria y de refugio, así como para las operaciones de mantenimiento de la paz, el desarrollo económico y los medios de comunicación públicos. Dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, se unieron a los demócratas para oponerse al proyecto de ley de rescisión, que contó con 51 votos a favor y 48 en contra. La legislación ahora se dirige a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, para su votación.

Estados Unidos e Indonesia anunciaron el miércoles un nuevo acuerdo comercial que reducirá del 32% al 19% los aranceles a los productos indonesios que ingresen al país norteamericano. Por su parte, Estados Unidos no pagará ningún arancel por sus exportaciones a Indonesia. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, también dijo haber acordado comprar aviones Boeing. El miércoles, Trump dijo a la prensa que pronto anunciará un arancel general para 150 países más, cuya tasa será “probablemente del 10% o 15%”, y agregó: “Aún no lo hemos decidido”.

El Gobierno de Trump ha comenzado a hacer una serie de solicitudes electorales a los estados, lo que aviva los temores de una interferencia federal antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026. El periódico The Washington Post divulgó la noticia e informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido al menos a nueve estados que entreguen copias de sus padrones electorales. Según se informa, hasta el momento, dos estados han cumplido con dicha solicitud.

Mientras tanto, funcionarios electorales del estado de Colorado dijeron que un consultor que afirma estar trabajando con la Casa Blanca hizo una solicitud extraordinaria para examinar directamente las máquinas de votación.

En noticias relacionadas, los legisladores republicanos están reavivando una campaña para excluir a las personas que no son ciudadanas estadounidenses del recuento oficial del censo de 2030, lo que afectaría drásticamente la forma en que se trazan los distritos congresuales. Mientras tanto, Trump está presionando a los republicanos de Texas para que manipulen los mapas congresuales de su estado antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026, de manera tal que el Partido Republicano obtenga cinco nuevos escaños en la Cámara de Representantes.

Estados Unidos ha enviado a cinco inmigrantes hombres a Esuatini, en el sur de África, donde las autoridades locales afirman estar reteniéndolos en una cárcel antes de deportarlos a sus países de origen: Vietnam, Laos, Jamaica, Cuba y Yemen. Esto se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al Gobierno de Trump enviar inmigrantes a terceros países. Según las nuevas normas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puede enviar a personas a países con los que no tienen vínculos con tan solo seis horas de previo aviso o, en algunos casos, sin previo aviso.

Esto se produce al tiempo que un grupo de abogados de inmigración en Hawái afirma que un número cada vez mayor de inmigrantes detenidos en el territorio continental de Estados Unidos está siendo trasladado a prisiones en dicho estado. Asimismo, los abogados afirman que a dichos inmigrantes se les está privando del acceso a asistencia legal.

En el estado de California, Narciso Barranco, un paisajista que fue brutalmente golpeado por agentes de inmigración antes de ser detenido en junio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, fue liberado bajo fianza del Centro de Detención de Adelanto. Barranco, quien es padre de tres infantes de la Marina estadounidense, ha vivido y trabajado en Estados Unidos durante más de 30 años.

Un ciudadano estadounidense con discapacidad y veterano del Ejército de Estados Unidos exige que se lleve a cabo “una investigación completa”, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuviera sin explicaciones durante tres días. George Retes fue arrestado la semana pasada durante una redada de inmigración que se llevó a cabo en una granja agrícola de la ciudad de Camarillo, estado de California, donde trabaja como guardia de seguridad. Tras ser liberado, Retes describió lo que sucedió durante su arresto

George Retes: “Los agentes no contaban con ningún tipo de coordinación. Simplemente esposaban a las personas y se las llevaban sin ningún tipo de información. Así que me arrestaron. Simplemente me preguntaron qué estaba haciendo, y, finalmente, me preguntaron si era ciudadano, y les dije que sí. […] No me permitieron ducharme. No me permitieron realizar una llamada telefónica. No me dejaron contactar un abogado. Nunca me dijeron por qué me arrestaron”.

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirma que su Gobierno está considerando presentar una demanda legal contra Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por la muerte de Jaime Alanís, un trabajador agrícola que murió tras caer desde el techo de un invernadero durante la misma redada de inmigración en Camarillo en la que fue arrestado Retes.

El Gobierno de Trump dijo el miércoles que había despedido a Maurene Comey, una veterana fiscal federal que ayudó a liderar el exitoso proceso judicial contra el traficante sexual en serie Jeffrey Epstein, así como contra su exnovia y cómplice Ghislaine Maxwell. Maurene Comey también es hija del exdirector del FBI James Comey, quien se convirtió en un destacado crítico del presidente estadounidense después de que este lo despidiera en 2017.

El presidente Trump desestimó el miércoles las preguntas sobre si ordenará la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre el traficante sexual Jeffrey Epstein por considerarlas “aburridas” y dijo que respaldaba la publicación de cualquier documento relacionado con dicho caso que sea considerado “creíble”. Más tarde, Trump arremetió contra sus simpatizantes por exigirle que publique los archivos del caso Epstein. En redes sociales, Trump escribió al respecto: “Dejen que estos débiles sigan adelante y les hagan el trabajo de los demócratas. iNi se les ocurra hablar de nuestro increíble y sin precedentes éxito porque ya no quiero su apoyo!”.

En Estados Unidos, un juez federal ha bloqueado una norma del Gobierno de Biden que habría eliminado 49.000 millones de dólares en facturas médicas impagas de los informes crediticios de aproximadamente 15 millones de personas. Asimismo, la norma habría permitido que unas 22.000 personas con facturas médicas impagas aún pudieran acceder a una hipoteca.

Una coalición de galardonados escritores y periodistas ha publicado un informe en el que acusan al periódico The New York Times de tener un sesgo a favor de Israel y en contra de Palestina. La coalición, denominada Escritores contra la Guerra en Gaza, afirma que la investigación al respecto se basa en décadas de análisis que muestran cuántos editores, periodistas y directivos de alto rango del periódico The New York Times tienen vínculos tanto materiales como ideológicos con el apartheid y la ocupación israelíes en los territorios palestinos. En el informe también se indica que algunos editores del The New York Times han instruido a los periodistas del periódico que eviten el uso de términos considerados “incendiarios”, como “genocidio”, “limpieza étnica”, “territorio ocupado”, e incluso la palabra “Palestina”. Entre las personas señaladas en el informe figuran escritores de renombre como Thomas Friedman y David Brooks, así como Mark Thompson, ex director ejecutivo del periódico.

En Irak, un gran incendio que se desató en un centro comercial recientemente inaugurado en la ciudad de Kut, en el este del país, dejó al menos 69 muertos. Aún no se ha confirmado la causa del incendio, pero las autoridades afirmaron que se han iniciado acciones legales contra los propietarios del edificio y del centro comercial.

Este jueves se llevarán a cabo protestas en todo Estados Unidos bajo el lema “Good Trouble Lives On” (“Los buenos problemas continúan”), que hace referencia a la expresión acuñada por el excongresista y activista por los derechos civiles John Lewis, fallecido hace exactamente cinco años. Las movilizaciones, organizadas de forma coordinada, se llevarán a cabo en repudio a las políticas adoptadas por el Gobierno de Trump en contra de los inmigrantes, las mujeres, la comunidad LGBTQ+ y la libertad de expresión, así como a los recortes aplicados a programas sociales y educativos.