
La población de ciudades de todo Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Chicago y Mineápolis, ha salido a las calles en rechazo a la militarización en los operativos de control migratorio y en las tácticas de aplicación de la ley, así como a la violencia ejercida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en lo que va del segundo mandato de Trump como presidente. Una reciente investigación del medio ProPublica y el programa Frontline, de la cadena PBS, analiza la mano dura con que las fuerzas del orden vienen respondiendo a estas manifestaciones, que incluye imputaciones de dudosa legalidad, que luego no se sostienen en el sistema judicial.
“El Departamento de Justicia etiquetó a las personas que salieron a protestar como 'terroristas domésticos', agitadores, extremistas. Encerraron a grandes cantidades [de personas]”, dice A.C. Thompson, reportero de investigación de ProPublica y corresponsal de la serie documental Frontline de PBS. “Analizamos 300 detenciones en distintas ciudades y descubrimos que más de un tercio [de los casos] se habían caído”.
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