Titulares18 de junio de 2026

Estados Unidos e Irán han firmado oficialmente un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Irán. El presidente Trump firmó el acuerdo durante una cena organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, horas después de que concluyera la cumbre del G7 en la localidad de Évian. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien firmó el acuerdo en Teherán, posteriormente compartió el memorando en las redes sociales y lo calificó como un “documento histórico y un mensaje de un Irán poderoso”.

El acuerdo de 14 puntos exige el cese inmediato de los combates en todos los frentes, incluido el Líbano; la reanudación total del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz; el levantamiento del bloqueo naval estadounidense; la exención de las sanciones estadounidenses contra Irán; el descongelamiento de los activos iraníes; y la creación de un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán. El principal negociador iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, afirmó: “Todo lo que pretendíamos conseguir mediante la acción militar, lo obtuvimos con creces a través de la negociación; ni siquiera es comparable”. En el Capitolio de Estados Unidos, algunos legisladores han criticado el acuerdo de Trump, entre ellos, el senador republicano Bill Cassidy, quien lo calificó como “el peor error de política exterior en décadas”.

Por su parte, el presidente Trump ha dado a entender que nadie tendrá que rendir cuentas por los ataques con misiles de crucero estadounidenses que mataron a más de 175 personas en una escuela de la ciudad de Minab el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en febrero. La mayoría de las víctimas mortales eran niñas.

Presidente Donald Trump: “Si se trató de un error, y como saben, eso se está investigando, es una pregunta muy extraña para formular en este momento, hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero nadie lo hizo a propósito”.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informa que un ataque israelí con drones cerca de la aldea de Kfar Tebnit causó la muerte de una persona e hirió gravemente a otra. Otro ataque con drones en la aldea de Beit Yahoun, en el sur del Líbano, hirió a dos personas. Los ataques de Israel se produjeron a pesar de que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán exige el cese de las hostilidades en “todos los frentes”, incluido el Líbano.

Drones ucranianos impactaron por segunda vez en una semana una gran refinería de petróleo en la región de la capital rusa, lo que provocó una espesa columna de humo negro sobre Moscú y obligó a suspender los vuelos en los cuatro aeropuertos de la ciudad. Por otra parte, las autoridades rusas afirman que una mujer resultó herida como consecuencia de la caída de fragmentos de los drones ucranianos derribados sobre viviendas, automóviles, un gimnasio, un gran centro comercial y una zona industrial. El ataque de Ucrania se produjo al tiempo que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros jefes de Estado en la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

En Gaza, al menos dos palestinos murieron y otro resultó herido tras un bombardeo israelí sobre el sur de la Franja de Gaza. El ataque tuvo como objetivo Al-Mawasi, un campamento de tiendas de campaña abarrotado de personas que Israel había designado como “zona humanitaria”. Los recientes ataques mortales elevan a más de 1.000 el número de muertos desde que Israel aceptó en octubre de 2025 un supuesto “acuerdo de alto el fuego” mediado por Estados Unidos con Hamás. Israel ocupa ahora el 64% de la Franja de Gaza, mucho más del 53% permitido en virtud del acuerdo de octubre.

El congresista demócrata por el estado de California Ro Khanna se ha convertido en el primer miembro del Congreso en firmar un compromiso de no aceptar dinero de grupos de cabildeo a favor de Israel. El documento se llama PEACE Pledge, cuyas siglas en inglés se refieren a “Compromiso para hacer cumplir la ley estadounidense, contrarrestar la influencia extranjera y poner fin a los crímenes de guerra”. El compromiso fue elaborado por la organización Track AIPAC, que realiza un seguimiento del gasto político del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos (AIPAC, por sus siglas en inglés).

Congresista Ro Khanna: “Es una cuestión de sentido común. Significa que no deberíamos destinar el dinero de nuestros impuestos a guerras en el extranjero. Deberíamos gastarlo aquí en nuestro país. Y [el compromiso] establece que no deberíamos aceptar dinero de AIPAC, ni de ninguno de sus comités de acción política afiliados, ni contribuciones procedentes de esas organizaciones, y que debemos reconocer los actos de genocidio que tuvieron lugar en Gaza”.

El PEACE Pledge incluye una promesa de defender los derechos de quienes critican al Estado de Israel, garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, incluidos los partidarios del movimiento por los derechos del pueblo palestino Boicot, Desinversión y Sanciones, o BDS.

Un grupo de activistas por la paz se congregó el miércoles en la ciudad de Baltimore para celebrar la decisión del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Estado de Maryland de vender la mayor parte de sus activos en bonos soberanos israelíes. Estas fueron las palabras expresadas por Evie Frankl, miembro de la organización Voz Judía por la Paz y de la campaña “Break the Bonds”, e hija de sobrevivientes del Holocausto.

Evie Frankl: “Cuando comenzamos esta campaña, [el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Estado de Maryland] tenía entre 73 y 74 millones de dólares en bonos israelíes, y actualmente solo tenemos 11 millones de dólares en bonos de Israel. Eso es una reducción del 85% en sus participaciones. Y consideramos que eso es una victoria, pero queremos que se deshagan de los otros 11 millones de dólares, y que se establezca una política que deje claro que no pueden reinvertir [en bonos israelíes]”.

En Haití, al menos 1,5 millones de personas han sido desplazadas y obligadas a vivir en refugios improvisados debido al aumento de la violencia de los grupos armados en todo el país. Así lo indican los nuevos datos anunciados por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante una visita a Haití el martes. Guterres habló desde la capital, Puerto Príncipe.

Secretario general António Guterres: “Desde principios de año, la violencia de los grupos armados ha matado a más de 2.300 personas y herido a más de 1.100. [La violencia] ha paralizado el Estado, la economía, la educación y la entrega de ayuda humanitaria. Sin embargo, la mayor vergüenza no es la violencia de los grupos armados. La mayor vergüenza es la indiferencia, un mundo que miró hacia otro lado durante demasiado tiempo”.

Guterres acogió con satisfacción el despliegue de una nueva fuerza respaldada por la ONU para combatir a los grupos armados. La nueva fuerza, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025, sustituirá a las fuerzas policiales de Kenia desplegadas en Haití. Sin embargo, muchos haitianos se han opuesto a una mayor intervención extranjera en su país, denunciando un historial de desestabilización política y económica.

Representantes legales de inmigrantes haitianos han solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que desestime los intentos del Gobierno de Trump de poner fin al estatus de protección temporal de más de 300.000 ciudadanos haitianos que residen en Estados Unidos. Esto se produce al tiempo que las pruebas obtenidas durante el litigio en curso han planteado serias dudas sobre el proceso utilizado por funcionarios de Trump para poner fin a esa protección.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el jueves que todos los inmigrantes recluidos en la cárcel conocida como “el Alcatraz de los caimanes”, un aislado centro de detención del Servicio de Inmigración situado en los pantanos de los Everglades, en el estado de Florida, han sido trasladados a otras instalaciones de diversas partes de Estados Unidos ante la proximidad de la temporada de huracanes. El Departamento de Seguridad Nacional no precisó si esa controvertida cárcel para inmigrantes será clausurada. Activistas advierten que las personas que fueron trasladadas de la cárcel están desaparecidas y que sus familiares desconocen su paradero. Según Amnistía Internacional, personas detenidas en la cárcel de los Everglades relataron haber sufrido graves maltratos, entre ellos la privación de atención médica y el confinamiento, a modo de castigo, en una estructura similar a una jaula de 60 por 60 centímetros.

La Legislatura estatal de Georgia ha rechazado un intento del presidente Trump de rediseñar los distritos congresuales y legislativos del estado. El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, había propuesto celebrar una sesión especial para revisar los mapas políticos del estado de cara a las elecciones presidenciales de 2028. Sin embargo, el miércoles, los legisladores republicanos se opusieron y anunciaron que no se celebraría dicha votación, luego de que manifestantes abarrotaran el Capitolio estatal, muchos de ellos al grito de “¡Los votantes negros importan!”. Estas fueron las palabras expresadas por el legislador estatal de Tennessee Justin Jones, quien viajó a la ciudad de Atlanta para unirse a las protestas.

Legislador estatal Justin Jones: “Estoy aquí porque lo que sucede en Atlanta está relacionado con lo que ocurre en Nashville, [Tennessee]; con lo que ocurre en Jackson, Misisipi; y con lo que ocurre en Montgomery, Alabama. Están librando una batalla contra la democracia multirracial en el sur [de Estados Unidos], por lo que tenemos que apoyarnos mutuamente. Pero lo que vimos en tiempo real fue el poder de la gente. Allí se vio un bloque [legislativo] compuesto casi en su totalidad por personas blancas, que representa a la nueva Confederación. Nosotros representamos a un nuevo sur multirracial, comprometido con la justicia racial y con la protección de nuestro derecho al voto”.

El Gobierno de Trump ha iniciado una batalla judicial para bloquear el primer programa de reparaciones en la historia de Estados Unidos, en favor de miembros de la comunidad negra de la ciudad de Evanston, estado de Illinois. El programa, que fue aprobado en 2021 por los miembros del Concejo Municipal de Evanston, asigna unos 20 millones de dólares a personas negras que vivieron en la ciudad entre 1919 y 1969, o a sus descendientes directos, como reparación por las políticas discriminatorias en materia de vivienda y los efectos persistentes de la esclavitud. Robin Rue Simmons, impulsora del programa y actual presidenta del Comité de Reparaciones de Evanston, calificó la demanda presentada por el Gobierno de Trump como una “táctica de intimidación”.

El presidente Trump suspendió el miércoles, apenas unas horas antes del inicio previsto, la audiencia de confirmación de la persona que designó para dirigir los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El Comité de Inteligencia del Senado tenía programado escuchar el testimonio del fiscal federal Jay Clayton, el elegido por Trump para suceder a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien dejará el cargo el viernes. Sin embargo, Trump dijo en la cumbre del G7 que retrasará la nominación de Clayton y se negará a firmar una prórroga de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que autoriza amplias facultades de vigilancia dentro de Estados Unidos, a menos que los legisladores aprueben primero la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE, por sus siglas en inglés).

Expertos en derechos electorales afirman que la Ley SAVE podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos que no pueden acceder fácilmente al certificado de nacimiento o al pasaporte requeridos para votar. Trump también exigió la aprobación del Senado para que su abogado defensor personal Jamie McDonald reemplace a Jay Clayton como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Eso significa que el actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, se convertirá el viernes en director interino de Inteligencia Nacional. Pulte es partidario del movimiento MAGA, siglas en inglés del eslogan de campaña trumpista “Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”, y no tiene experiencia en asuntos de inteligencia nacional. Pulte ha utilizado su cargo como principal funcionario de Vivienda de Estados Unidos para hacer recomendaciones de acusaciones penales por presunto fraude hipotecario contra funcionarios estadounidenses como parte de la campaña de represalias de Trump contra sus enemigos políticos.

Pulte ahora tendrá acceso a la información más confidencial del Gobierno en las 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Varios senadores republicanos y demócratas se opusieron al nombramiento de Pulte.

El Pentágono dio a conocer los nombres de los ocho miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que murieron cuando un bombardero B-52 se estrelló el lunes poco después de despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en el estado de California. El accidente se produjo en el marco de las pruebas que la Fuerza Aérea estadounidense está realizando para mantener operativa su flota de los llamados “bombarderos estratégicos” hasta al menos 2050. El bombardero B-52 puede transportar hasta unos 32.000 kilos de armamento nuclear o de alto poder explosivo.

En Idaho, una jueza federal bloqueó temporalmente una nueva ley estatal que amenaza con imponer penas de hasta cinco años de prisión a las personas transgénero que usen baños públicos acordes con su identidad de género.

En noticias relacionadas, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, junto con los estados de Alaska, Iowa, Nebraska y Texas, han presentado una demanda contra la Asociación Profesional Mundial para la Salud de las Personas Transgénero. En la demanda se alega que dicha organización realizó afirmaciones engañosas sobre la atención médica relacionada con la afirmación de género para menores de edad. La Asociación Profesional Mundial para la Salud de las Personas Transgénero declaró en un comunicado: “La Comisión Federal de Comercio está actuando por pura represalia como parte de la campaña persistente y deliberada del Gobierno federal para socavar la atención médica relacionada con la afirmación de género […]. La Comisión Federal de Comercio no es un proveedor de servicios médicos y no tiene por qué interferir en el proceso de toma de decisiones médicas individualizadas”.