Como parte de su campaña de deportación masiva, el Gobierno de Trump está secretamente deportando inmigrantes a países con los que no tienen vínculos previos. Para investigar este tema, la corresponsal del canal CNN Isobel Yeung viajó recientemente a la República Centroafricana, país que en los últimos meses ha recibido decenas de inmigrantes a quienes Estados Unidos previamente despojó de las protecciones frente a la deportación de las que gozaban por estar en riesgo de padecer torturas en sus países de origen. A pesar de que el Departamento de Estado advierte a las y los ciudadanos estadounidenses que no viajen a la República Centroafricana “bajo ninguna circunstancia”, el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado allí a decenas de inmigrantes de países como Afganistán, Cuba, Rusia e Irán, en una situación de limbo legal en un país asolado por una guerra civil entre milicias musulmanas y cristianas, y gobernado oficialmente por un dictador autoritario que cuenta con el respaldo de Rusia.
Reproducimos fragmentos del informe de Yeung, que presenta entrevistas con inmigrantes que ahora viven de manera precaria en la capital de la República Centroafricana, Bangui, sin sus familias, amistades e incluso sin un idioma común, y en riesgo de contraer malaria, padecer extorsiones y violencia. “En muchos casos, no sabían a dónde iban hasta que pusieron un pie en el avión”, dice Yeung. Se les adjudicaron alojamientos temporales durante tres meses, pero después de eso, continúa Yeung, “no creo que nadie sepa a dónde deberían ir”.
Según el observatorio Third Country Deportation Watch, Estados Unidos ha firmado los llamados acuerdos de deportación a terceros países con hasta 35 Gobiernos de todo el mundo. La mayoría de las más de 20.000 personas deportadas en virtud de estos acuerdos han sido rechazadas en los pasos fronterizos y enviadas de vuelta a México, pero cada vez es mayor la cantidad de personas que son trasladadas en vuelos de deportación a países como Costa Rica y Ghana, lejos de sus países de nacimiento. La implementación de esta medida por parte del Gobierno de Trump, así como la amenaza a otras personas inmigrantes con deportarles a un tercer país para obligarles a elegir la “autodeportación”, “es realmente un ataque y una forma de socavar toda la estructura de protección de refugiados”, sostiene Yael Schacher, codirectora de Third Country Deportation Watch.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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