Titulares18 de septiembre de 2026

Una misión de investigación de las Naciones Unidas sobre Irán afirma haber encontrado pruebas de que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques que mataron al menos a 177 civiles, muchos de ellos menores. En un informe publicado el jueves, expertos encargados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mencionaron los ataques estadounidenses contra una escuela en Minab y contra un complejo deportivo en Lamerd y señalaron al respecto: “La misión determinó que existen motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que causaron la muerte o lesiones de civiles, así como daños a bienes de carácter civil”.

La Casa Blanca respondió en un comunicado: “El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no ha logrado nada a favor de los derechos humanos, mientras que lleva décadas soltando disparates carentes de seriedad”.

Continúan los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó este viernes por la mañana haber atacado un petrolero con bandera de Togo, y varios medios de comunicación estadounidenses informan que drones y misiles iraníes atacaron a principios de esta semana un buque contratado por Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz. Según se informa, ese ataque dejó heridos a varios miembros de la tripulación del buque, incluido personal estadounidense.

En declaraciones al medio Axios, el presidente Trump dijo el jueves que está cerca de tomar una decisión sobre la posibilidad de “aniquilar” a Irán. Trump también restó importancia al aumento de los precios del combustible en Estados Unidos, al considerarlo un pequeño costo a pagar por su guerra. El mandatario habló en el estado de Carolina del Norte durante un acto de campaña a favor del candidato republicano al Senado Michael Whatley.

Presidente Donald Trump: “Tengo que decir que están viendo un precio un poco más alto… Es un precio muy bajo a pagar por lo que hemos hecho. Recuerden eso. Es solo un poco más. Francamente, incluso si fuera mucho más…”.

En Yemen, Naciones Unidas advierte que el número de personas desplazadas por los combates entre las milicias hutíes y las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudí se ha disparado a 112.000 y continúa en aumento, ya que ambos bandos siguen intercambiando ataques transfronterizos. El líder hutí Abdul Malik al-Houthi rechazó el jueves las afirmaciones de Arabia Saudí y sus aliados acerca de que las fuerzas del movimiento habían atacado con drones la ciudad sagrada de La Meca y calificó la acusación como “una mentira repugnante”. Al-Houthi afirmó que sus combatientes estaban enfocados en atacar infraestructura petrolera e instalaciones militares saudíes.

Mientras tanto, el Gobierno de Trump anunció el jueves que ha aprobado la venta de aviones de combate Lockheed Martin F-35 a Arabia Saudí, por un valor superior a 24.000 millones de dólares. La transacción requerirá la aprobación del Congreso.

Una coalición de organizaciones palestinas y progresistas está instando a universidades, grupos de expertos, funcionarios electos y otras entidades a negarse a contratar o colaborar con un grupo de 20 exfuncionarios del Gobierno de Biden a quienes acusan de “promover y encubrir el genocidio en Gaza y mentir al respecto”.

La campaña, denominada “Drop the Genocide 20”, está dirigida contra varios exfuncionarios de Biden, entre ellos el exsecretario de Estado Antony Blinken, el exasesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el exsecretario de Defensa Lloyd Austin, quienes fueron figuras claves en el respaldo estadounidense a la guerra de Israel contra Gaza. Otros funcionarios que figuran en la lista incluyen el excoordinador de la Casa Blanca para asuntos de Medio Oriente Brett McGurk; el exasesor de Seguridad Nacional John Kirby; y Linda Thomas-Greenfield, quien se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas.

Desde su etapa como secretario de Estado, Blinken obtuvo un contrato para publicar libros con Crown, un sello de la editorial Penguin Random House, y ha participado con frecuencia en conferencias públicas, entre ellas una en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.

La campaña también exige que estos exfuncionarios de Biden sean excluidos de cualquier futuro cargo político.

La coalición incluye las organizaciones Just Foreign Policy, Peace Action, Movimiento de la Juventud Palestina, Socialistas Demócratas de Estados Unidos y About Face, una organización que representa a veteranos de las fuerzas armadas contrarios a la guerra. En un comunicado, la coalición afirmó: “La cultura de impunidad de las élites bipartidistas es lo que impulsa los crímenes de guerra de Estados Unidos y el apoyo a los crímenes de guerra. […] Esta dinámica es una de las principales razones por las cuales los funcionarios de Biden sabían que podían facilitar con armas, defender y encubrir el genocidio en Gaza durante 15 meses y simplemente reincorporarse después a espacios liberales, organizaciones sin fines de lucro y futuros Gobiernos”.

Ataques rusos en la región de la capital ucraniana dejaron el jueves al menos 19 heridos, incluidos dos menores. En Odesa, siete personas resultaron heridas, entre ellas dos menores; mientras que en Zaporiyia un dron ruso con visión en primera persona impactó contra un autobús de pasajeros y dejó heridas a ocho personas que viajaban en él. En otro de los ataques, un dron ruso propulsado por un reactor alcanzó un centro comercial, dejó una persona herida y provocó un incendio de grandes proporciones. Estas fueron las palabras expresadas por Anna, una residente de Zaporiyia de 32 años que estaba afuera de su casa con su esposo cuando el dron cayó cerca de ellos.

Anna: “Salimos a caminar y no escuchamos el dron Shahed, propulsado por un reactor. Ahora es difícil escucharlo. No es como los drones Shahed que se utilizaban antes. […] Los rusos están comenzando a amenazarnos a nosotros, la gente común, con la esperanza de que la población reaccione. Pero eso no sucederá. Somos fuertes, somos libres y nos mantendremos firmes”.

El jueves, las fuerzas armadas ucranianas atacaron una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia en la ciudad de Yaroslavl, al norte de Moscú. El ataque se produjo después de que el presidente Trump le dijera el domingo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que detuviera los ataques contra infraestructuras rusas de combustible diésel, y al tiempo que los precios del diésel en Estados Unidos alcanzaban un récord de casi 6,40 dólares por galón.

En la mañana del viernes, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo en un discurso ante el Parlamento de su país que Moscú está planeando ataques híbridos con drones o misiles contra Polonia y otros países europeos que apoyan a Ucrania. Por su parte, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, afirmó que Europa está más cerca que nunca de una guerra a gran escala con Rusia.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles a favor de imponer nuevas sanciones contra Rusia e Irán. El Senado estadounidense había aprobado en agosto la legislación, que ha sido denominada “Ley Lindsey Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026” en honor al fallecido senador republicano del estado de Carolina del Sur Lindsey Graham, quien fue un firme partidario de armar a Ucrania y atacar a Irán. En respuesta, el Kremlin dijo que las nuevas sanciones harán que sea más difícil alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania.

La Casa Blanca ha retirado la nominación de Lance Schroyer, un expolicía estatal de Oklahoma, para el cargo de director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Schroyer se desempeña actualmente como asesor del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, y no cuenta con experiencia previa en el Servicio de Inmigración.

En más noticias sobre inmigración, un grupo de abogados que habló con el periódico The New York Times afirma que las agencias federales, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, están negando a los inmigrantes el acceso a documentos y registros que son esenciales para la acreditación de su estatus migratorio en el país y para defenderse contra su deportación en los tribunales. Asimismo, los abogados informaron que, en caso de poder acceder a dichos documentos, estos tienen gran parte de la información censurada. Las agencias federales también están negando la existencia de dichos registros.

El periódico The Guardian informa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha dejado de contabilizar los abortos espontáneos que sufren las mujeres bajo su custodia. Esto se produce al tiempo que la agencia ha detenido a un número récord de mujeres y adolescentes embarazadas. El Servicio de Inmigración registró al menos 18 abortos espontáneos durante los primeros nueve meses del Gobierno de Trump, pero no existen nuevos registros al respecto desde octubre del 2025. Las mujeres y niñas que se encuentran bajo la custodia del ICE han denunciado reiteradamente la falta de atención médica adecuada.

Un agente federal de inmigración acusado de dispararle a un hombre venezolano compareció el jueves ante un juez del estado de Minesota tras meses de eludir su arresto. El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Christian Castro enfrenta cargos por delitos graves de agresión. Castro fue inicialmente arrestado en el estado de Texas, pero el gobernador Greg Abbott, quien es aliado de Trump, se negó a extraditarlo a Minesota.

Castro también enfrenta este viernes una audiencia diferente en un tribunal federal por cargos de mentir e intentar encubrir el tiroteo ocurrido en enero, en que el inmigrante venezolano Julio Sosa-Celis resultó herido en una pierna. Estas fueron las palabras expresadas por Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin.

Fiscal del condado de Hennepin Mary Moriarty: “El proceso para hacer que el señor Castro rinda cuentas por disparar un arma a través de la puerta principal [de una vivienda], golpear a Julio Sosa-Celis, poner en peligro la vida de otras personas y mentir a las fuerzas del orden público [al respecto] ha comenzado, a pesar de los firmes intentos del gobernador de Texas por ignorar la Constitución de Estados Unidos y un absolutamente claro precedente judicial de la Corte Suprema”.

El Gobierno de Trump continúa con las deportaciones a Haití. La semana pasada, un cuarto vuelo con inmigrantes deportados aterrizó en el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano. Esto se produce al tiempo que un nuevo informe publicado por la organización Ohio Immigrant Alliance revela que, desde que finalizó el estatus de protección temporal a finales de julio, cuatro cárceles para inmigrantes del estado de Ohio han registrado un aumento del 142% en el número de haitianos detenidos. La organización afirma que el Servicio de Inmigración ha intensificado los arrestos de haitianos residentes de Ohio en espacios comunitarios, incluidos cerca de escuelas y edificios de apartamentos, así como en sus citas de rutina con dicha agencia federal. Según la Ohio Immigrant Alliance, esas detenciones se basan en discriminación racial y cuentan con la colaboración de la policía estatal y local. Asimismo, la organización denuncia que el Servicio de Inmigración les está colocando tobilleras de vigilancia electrónica a los inmigrantes haitianos tras ser detenidos.

Amnistía Internacional está pidiendo la liberación de dos hombres deportados por Estados Unidos a Guinea Ecuatorial que han sido detenidos por las fuerzas policiales locales y corren el riesgo de sufrir torturas. Uno de los hombres es Ahmed Soliman, un solicitante de asilo gay oriundo de Egipto de 30 años de edad que residía en el estado de Arizona cuando fue detenido por el Servicio de Inmigración a pesar de que un tribunal de inmigración de Estados Unidos le había concedido protecciones.

Según se informa, los hombres fueron brutalmente golpeados, y Amnistía Internacional considera que fueron arrestados por la policía local por hablar sobre las condiciones inhumanas que sufren las personas deportadas de Estados Unidos durante su reclusión en un hotel fuera de servicio de la ciudad de Malabo. Los deportados también han enfrentado amenazas por parte de las fuerzas armadas de Guinea Ecuatorial.

La cadena de noticias CNN informa que más de 300 trabajadores surcoreanos que, en septiembre de 2025, fueron detenidos durante una redada del Servicio de Inmigración en una planta de fabricación de vehículos eléctricos de la empresa Hyundai del estado de Georgia y, luego, deportados han presentado una demanda contra el Gobierno de Trump. Durante el operativo, unos 500 agentes federales, estatales y locales irrumpieron en la planta y arrestaron a cientos de trabajadores que afirman haber enfrentado condiciones inhumanas en la cárcel para inmigrantes en la que estuvieron recluidos tras su arresto. Además, los trabajadores denuncian que se les negó el acceso a intérpretes y que fueron encadenados y obligados a firmar documentos que no entendían. Los demandantes dijeron que el objetivo era “infligir intencionalmente angustia emocional, humillación […] y un trauma psicológico duradero”.

Un juez federal de la ciudad de Washington D.C. ha ordenado al Gobierno de Trump notificar con al menos 30 días de anticipación cualquier cambio importante que se pretenda realizar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. El fallo de emergencia del jueves se produjo después de que el presidente Trump dijera que retendrá los fondos destinados a las renovaciones del Centro Kennedy, sentenciándolo prácticamente al abandono, a menos que se le permita colocar su nombre en la fachada del edificio. El miércoles, un fotógrafo del periódico The New York Times captó imágenes de Trump a bordo del avión presidencial Air Force One mirando un cartel que parecía mostrar un edificio reducido a escombros, junto con la leyenda “Centro Kennedy DEMOLIDO”.