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Dos de los centros de detención más controvertidos del país abrieron el año pasado en Dilley y Karnes, Texas. Son administrados por empresas penitenciarias privadas y juntos pueden albergan a más de dos mil quinientas mujeres y niños. La semana pasada, un juez de Texas suspendió de manera temporaria los intentos del estado de autorizar los centros de detención familiar como instalaciones de cuidado de niños, lo que puso su futuro en riesgo. Para saber más de este tema, nos acompaña Bob Libal, director ejecutivo de la organización Grassroots Leadership, que inició el juicio que desencadenó la suspensión en Texas.
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