Una de las medidas de inmigración más controvertidas del mandato de Trump, el programa “Permanecer en México” —oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes— dejó a unas 25.000 personas solicitantes de asilo varadas del lado mexicano de la frontera mientras los tribunales estadounidenses analizan sus casos. El presidente Joe Biden suspendió el programa, pero activistas a favor de los derechos migratorios afirman que el Gobierno debe actuar más rápidamente para reparar el daño. Si bien Estados Unidos permitió el ingreso de decenas de solicitantes de asilo, muchas miles de personas todavía esperan la oportunidad de cruzar la frontera en condiciones peligrosas, como es el caso del campo de refugiados de Matamoros, al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas. Se trata del campamento más grande de su tipo y alberga a cientos de hombres, mujeres y niños que buscan asilo, que en su mayoría vienen huyendo de la violencia y la pobreza extremas en Guatemala, El Salvador y Honduras. “Hemos tenido muy poco apoyo del Gobierno en el territorio para esta transición”, dice Chloe Rastatter, ingeniera de campo de Solidarity Engineering, organización humanitaria que brinda apoyo en el campamento de Matamoros. “Dicen que el programa “Permanecer en México” ha terminado, pero aquí todavía hay un campamento de mil personas”. También hablamos con Dison, un solicitante de asilo oriundo de Honduras que trabaja en Solidarity Engineering, y con la periodista de investigación Valerie González que cubre el Valle del Río Grande.
Para conocer más sobre este tema, vea (en inglés) la conversación que mantuvimos con Chloe Rastatter, Dison y Valerie González.
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