Titulares15 de mayo de 2025

Las autoridades de Gaza afirman que una serie de ataques israelíes ha matado a más de 100 personas en las últimas 24 horas, la mayoría de las cuales eran mujeres y menores de edad. Esto se produce al tiempo que los palestinos están cada vez más desesperados en su lucha diaria por la supervivencia, más de diez semanas después de que Israel bloqueara por completo el ingreso de ayuda humanitaria al enclave, incluidos alimentos y medicamentos.

Miles de personas fueron vistas huyendo de la ciudad de Gaza después de que las fuerzas armadas israelíes emitieran una vez más órdenes de reubicación forzada, incluidos pacientes enfermos y heridos del hospital Al-Shifa, quienes tuvieron que valerse por sí mismos en las calles de Gaza.

Manal al-Ankar: “Mi hija fue ingresada en el hospital debido al asedio, al hambre y a la desnutrición. […] No sabemos a dónde ir con los pacientes. Estamos huyendo de una muerte hacia otra. Estamos muriendo lentamente. Todo lo que tenemos se acabó. Estamos muriendo mil veces todos los días. ¿Cuándo cesará todo esto? ¿Cuánto durará este asedio? ¿Cuánto durará esta debilidad en nuestro país?”.

Israel continuó con su brutal ofensiva contra Gaza mientras los palestinos conmemoraban el aniversario número 77 de la Nakba, que significa “catástrofe” en árabe. La Nakba es un evento histórico en el que 700.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares o fueron violentamente expulsados de estos por los fundadores de Israel. Estas fueron las palabras expresadas por un residente palestino de Ramala que participó en las marchas que se llevaron a cabo en los territorios ocupados de Cisjordania para conmemorar el Día de la Nakba.

Mohammed Abu Qaiydah: “A pesar de todas las circunstancias, seguimos manteniendo nuestra tierra y arraigados a ella. Nuestro derecho al retorno nunca será olvidado y Palestina siempre será Palestina”.

La organización Human Rights Watch está condenando el plan de Israel de demoler la infraestructura civil que queda en Gaza mientras concentra a la población palestina en una pequeña área del enclave. Human Rights Watch dijo que tales acciones “equivaldrían a una abominable escalada de los continuos crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y actos de genocidio [por parte de Israel]”, y agregó al respecto: “El bloqueo de Israel ha trascendido las tácticas militares y se ha convertido en una herramienta de exterminio”.

Activistas del grupo Taxpayers Against Genocide (Contribuyentes contra el genocidio) presentaron el miércoles una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington D.C. en la que piden al Gobierno estadounidense cumplir con sus obligaciones de prevenir los actos de genocidio en Gaza en virtud de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Estas fueron las palabras expresadas por Huwaida Arraf, la abogada principal del caso.

Huwaida Arraf: “Porque cuando uno respalda los actos de genocidio, básicamente viola todos los derechos garantizados en la Declaración Americana a la que Estados Unidos está sujeto. El primero y más importante de ellos es el derecho a la vida”.

El presidente Donald Trump ha vuelto a pedir que Estados Unidos tome el control de Gaza y convierta dicho territorio en una “zona de libertad”. El presidente estadounidense hizo estas declaraciones en la mañana de este jueves desde Catar, al tiempo que continúa su gira por los países del golfo Pérsico.

El miércoles, el emir Tamim Al Thani realizó una lujosa ceremonia para recibir a Trump, quien viajó a Catar para una visita oficial de Estado. Durante su visita, Trump anunció que Catar había cerrado acuerdos con empresas estadounidenses por un valor superior a 240.000 millones de dólares, incluido un acuerdo valuado en 96.000 millones de dólares para comprar aviones a la compañía Boeing.

Presidente Donald Trump: “Este es el pedido de aviones más grande en la historia de Boeing. Eso es bastante bueno. […] Así que eso es un récord, Kelly. Y felicitaciones a Boeing. Vendan esos aviones”.

La Casa Blanca afirma que Trump aún planea aceptar de Catar un avión de lujo valuado en 400 millones de dólares, que es conocido como el “palacio volador”, para reemplazar al avión presidencial Air Force One, a pesar de las críticas bipartidistas que ha recibido al respecto, incluidas las del líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, y otros importantes funcionarios republicanos. La cadena de noticias NBC News informa que la remodelación del avión podría llevar varios años e implicar un costo de más de mil millones de dólares. Trump viajó este jueves a los Emiratos Árabes Unidos como parte de la última etapa de su gira por Medio Oriente.

En el estado de Virginia, el profesor y estudiante de posdoctorado de la Universidad de Georgetown Badar Khan Suri se reunió con su familia tras ser liberado bajo fianza de una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas situada en el estado de Texas, después de que una jueza federal dictaminara el miércoles que su detención violaba su derecho a la libertad de expresión y al debido proceso. La liberación de Khan Suri se produce una semana después de que la estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts Rümeysa Öztürk fuera liberada de una cárcel para inmigrantes del estado de Luisiana, y dos semanas después de que el estudiante de la Universidad de Columbia Mohsen Mahdawi fuera liberado de una cárcel del Servicio de Inmigración situada en el estado de Vermont.

En marzo, Khan Suri se encontraba frente a su casa en el estado de Virginia cuando agentes federales de inmigración se lo llevaron por la fuerza, separándolo de sus tres hijos y de su esposa, una ciudadana estadounidense de ascendencia palestina. Khan Suri es un académico que estudia procesos de paz. Desde la cárcel, Suri recientemente escribió: “No dejaré ninguna vía sin explorar para desafiar la caza de brujas que se ha desatado sobre mí y otras personas que creen en la libertad del pueblo palestino”.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este jueves los argumentos de un caso relacionado con el plan de Trump de poner fin a la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. El Gobierno de Estados Unidos está desafiando el poder de los tribunales federales para fallar en contra de la orden ejecutiva de Trump e imponer “órdenes judiciales a nivel nacional”.

En otras noticias de Washington D.C., la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo a los legisladores de la Cámara de Representantes que respalda la idea de suspender el “habeas corpus”, es decir, el derecho de una persona a impugnar su detención ante los tribunales, a fin de llevar a cabo la agenda de deportaciones en masa del Gobierno de Trump. En la audiencia, el congresista demócrata del estado de California Eric Swalwell criticó duramente a Noem por negarse a rechazar el uso por parte del presidente Trump de una imagen de una mano tatuada que fue retocada con photoshop para justificar una deportación. Trump afirmó que dicha imagen constituía una prueba de que Kilmar Abrego García, un padre de familia del estado de Maryland que fue deportado a una cárcel en El Salvador, era miembro del grupo criminal MS-13. A continuación se presenta un fragmento del intercambio entre Swalwell y Noem.

Congresista Eric Swalwell: “Usted es una de las principales funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley en el país. ¿Qué ha hecho para investigar si el presidente tergiversó la razón por la que esa persona ha sido detenida?”.

Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: “Señor, destinamos nuestro tiempo…”.

Congresista Eric Swalwell: “¿Ha hecho algo para tratar de averiguar si esa imagen fue manipulada o no?”.

Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: “La misión del Departamento de Seguridad Nacional es proteger a nuestro país y asegurarse de que estemos persiguiendo a los peores de los peores, a los criminales, a los malos. Abrego García…

Congresista Eric Swalwell: “Sí. Entonces, la respuesta es que....

Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: …es un conocido terrorista, miembro de…”.

Congresista Eric Swalwell: …usted no ha hecho nada para corregir al presidente”.

En noticias relacionadas, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha despedido a dos altos funcionarios que estuvieron a cargo de la supervisión de un informe del Consejo Nacional de Inteligencia que contradice la justificación de Trump para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros a fin de expulsar a presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua sin el debido proceso.

El Gobierno de Trump afirmó haber acusado de contrabando a la científica de la Universidad de Harvard Kseniia Petrova por no haber declarado que llevaba muestras de embriones de rana en su equipaje. Petrova fue arrestada en febrero y trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ubicado en el estado de Luisiana. Si es deportada a Rusia, su país de origen, Petrova podría ser objeto de persecución política por haber protestado contra la invasión rusa de Ucrania. Petrova es una científica altamente calificada, cuyo trabajo podría generar importantes avances en la detección temprana del cáncer.

Una delegación rusa ha llegado a Turquía para mantener las primeras conversaciones de paz directas con Ucrania en más de tres años. La delegación está integrada por asesores y funcionarios del Gobierno ruso, pero no incluye al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ni a su ministro de Relaciones Exteriores. Al llegar este jueves a la ciudad de Ankara, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó la presencia de Rusia en Turquía como “decorativa”. Zelensky había desafiado a Putin a negociar personalmente con él un acuerdo de paz. Poco después del anuncio de Rusia, la Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump tampoco participará de las conversaciones de paz.

Mientras tanto, funcionarios de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, dijeron el miércoles que un ataque con misiles que las fuerzas armadas rusas lanzaron contra una instalación industrial mató al menos a tres civiles.

La organización benéfica alemana Sea-Watch informa que dos menores, de tres y cuatro años, murieron después de que una embarcación neumática que transportaba refugiados de Libia a Italia se averiara y quedara a la deriva en el mar Mediterráneo. Los menores murieron por deshidratación. Asimismo, una persona se ahogó durante el trayecto, mientras que 59 pasajeros de la embarcación lograron sobrevivir.

En Libia, milicias rivales intercambiaron disparos el miércoles en la capital del país, Trípoli, apenas horas después de haberse declarado una tregua tras los combates más intensos registrados en años. Los enfrentamientos estallaron el lunes luego de que mataran al líder de un poderoso grupo armado que ha sido acusado de cometer graves violaciones contra los derechos humanos en los centros de detención de migrantes de Libia. Al menos seis personas murieron en los combates.

En Libia existen dos Gobiernos rivales, al tiempo que grupos armados compiten por el control de los recursos naturales del país. Uno de los Gobiernos, reconocido por la ONU, está en Trípoli y es liderado por el primer ministro, Abdul Hamid Dbeibeh; mientras que el Gobierno rival en el este del país está controlado por Khalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio.

En Nueva York, se está llevando a cabo el juicio federal por trata de personas con fines de explotación sexual y crimen organizado contra la estrella del hip hop y magnate de los negocios de la década de 1990 Sean “Diddy” Combs. El miércoles, su expareja Cassie Ventura detalló los intensos abusos físicos y sexuales a los que fue sometida por “Diddy” durante su relación, incluida la forma en que él la obligó a participar en cientos de fiestas sexuales alimentadas por las drogas, a las que llamaba “freak-offs”. Ventura también le dijo al tribunal que “Diddy” la violó después de que terminara su relación. A los miembros del jurado se les mostró un video de “Diddy” golpeando a Ventura, pateándola y arrastrándola por el piso de un hotel de Los Ángeles en 2016.

Sean “Diddy” Combs, quien fue arrestado en septiembre, ha sido acusado por varias mujeres de agresión sexual, trata de personas y explotación sexual durante décadas. Si es declarado culpable, “Diddy” enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua.

En Estados Unidos, los congresistas demócratas interrogaron el miércoles al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., durante dos audiencias consecutivas que se celebraron en la Cámara de Representantes y el Senado respectivamente. Kennedy defendió los importantes recortes que se realizaron en el Departamento de Salud y Servicios Humanos como parte de los esfuerzos del Gobierno de Trump para desmantelar las agencias federales, e insistió en que los programas clave seguirían funcionando, aunque no ofreció ninguna especificación al respecto. El secretario de Salud también fue interrogado sobre su respuesta al creciente brote de sarampión que enfrenta Estados Unidos y su escepticismo sobre las vacunas. A continuación se presenta un intercambio entre el congresista Mark Pocan y Kennedy Jr.

Congresista Mark Pocan: “Si tuviera un hijo hoy, ¿lo vacunaría contra el sarampión?”.

Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.: “¿Contra el sarampión? Probablemente contra el sarampión. Como saben, yo diría que mis opiniones sobre las vacunas son irrelevantes. Yo he ordenado…

Congresista Mark Pocan: “Sí”.

Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.: — …a Jay Bhattacharya…

Congresista Mark Pocan: “Por supuesto. No, como dije, no quiero…”.

Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.: …realizar investigaciones científicas para que todos puedan tomar esa decisión. Pero, como saben…”.

Congresista Mark Pocan: “Está bien. ¿[Sobre el] sarampión?”.

Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.: “No quiero que parezca que estoy siendo evasivo”.

Congresista Mark Pocan: “Sí”.

Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.: “Pero no creo que la gente tenga la obligación de aceptar mis consejos médicos”.

Congresista Mark Pocan: “Entiendo”.

En Estados Unidos, activistas por la paz interrumpieron una audiencia de Robert F. Kennedy Jr. en el Senado, lo que provocó la expulsión forzosa de los manifestantes y el arresto de siete de ellos, incluido el cofundador de la empresa Ben & Jerry’s, Ben Cohen.

Ben Cohen: “El Congreso mata a niños inocentes en Gaza comprando bombas que paga con el dinero que obtiene de privar a niños y niñas de Medicaid en Estados Unidos”.

Medicaid es un programa de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., está ordenando a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que revise las regulaciones en torno a la altamente recetada píldora abortiva mifepristona, para lo que citó un nuevo estudio que los expertos han calificado de “mortalmente defectuoso” y “ciencia basura”. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo que Kennedy está tratando de “hacer más difícil que las personas se sometan a abortos farmacológicos en función de la propaganda impulsada por un patrocinador del denominado 'Proyecto 2025'”, al tiempo que deja la decisión final sobre el asunto en manos de Trump. Asimismo, la organización estadounidense dijo al respecto: “Todos deberíamos tener miedo si nuestro acceso a medicamentos seguros y aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se basa en el instinto del presidente Trump en lugar de en evidencia científica confiable”.

En otro golpe al derecho al aborto, la Corte Suprema del estado de Carolina del Sur ratificó una legislación estatal que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación, algo que hace que el aborto sea ilegal en casi todos los casos.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han logrado aprobar una serie de propuestas que forman parte del presupuesto de Trump, cuya finalidad es desmantelar Medicaid y el programa nacional que ofrece cupones para alimento. Estos recortes permitirán que las exenciones fiscales que el Gobierno de Estados Unidos implementó en 2017 para los estadounidenses más ricos permanezcan vigentes, al tiempo que el resto del país pierde servicios esenciales. Dicha medida podría dejar a 8,6 millones de personas sin atención médica en los próximos diez años. Algunos republicanos del Senado han expresado su preocupación por este proyecto de ley, en particular, porque consideran que no incluye recortes de gastos lo suficientemente drásticos.