
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el miércoles que Luisiana debe rediseñar su mapa congresual, que había sido elaborado para crear un segundo distrito de mayoría negra en el estado, donde los afroestadounidenses han enfrentado durante mucho tiempo segregación racial y barreras al derecho al voto. Este fallo desmantela la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, la última disposición importante que queda de la histórica ley de 1965, la cual fue un logro supremo del movimiento por los derechos civiles. En una votación que contó con seis votos a favor y tres en contra y siguió las líneas partidarias, la mayoría de los jueces dictaminaron que el mapa de Luisiana “estaba excesivamente sujeto a criterios raciales” y favorecía injustamente a los votantes negros por encima de los blancos.
En un escrito de disenso que firmaron las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, la jueza Elena Kagan escribió: “La Ley de Derecho al Voto es, o, más precisamente, fue, 'uno de los ejercicios más consecuentes, eficaces y ampliamente justificados del poder legislativo federal en la historia de nuestro país'. Esta ley surgió literalmente de la sangre de soldados de la Unión y de quienes marcharon a favor de los derechos civiles. Esta ley marcó el comienzo de un cambio impresionante, acercando a esta nación al cumplimiento de los ideales de democracia e igualdad racial”.
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En más noticias sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, la mayoría conservadora del alto tribunal pareció respaldar el miércoles el argumento del Gobierno de Trump de que tiene autoridad para revocar el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de inmigrantes oriundos de Haití y Siria. Durante los argumentos orales, los seis jueces conservadores expresaron escepticismo sobre los fallos de los tribunales inferiores que habían bloqueado los esfuerzos del Gobierno para poner fin a las designaciones de TPS, que protegen a los inmigrantes de la deportación cuando sus países de origen son considerados inseguros. Si los jueces fallan a favor del Gobierno, las autoridades podrían privar de dichas protecciones legales a unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios y, potencialmente, a más de un millón de personas de diferentes partes de Estados Unidos que poseen el estatus de protección temporal. Estas fueron las palabras expresadas por Geoffrey Pipoly, un abogado que representa a decenas de miles de inmigrantes haitianos que han interpuesto una demanda para impugnar la revocación de su estatus de protección temporal por parte del Gobierno de Trump.
Geoffrey Pipoly: “La verdadera razón de la revocación [de este beneficio] es la animadversión racial del presidente hacia los inmigrantes no blancos y su evidente rechazo hacia los haitianos en particular. El presidente ha menospreciado a los beneficiarios haitianos del TPS en particular, a quienes ha descrito como indeseables [que vienen] de un 'país de mierda', y, días después de acusarlos falsamente de 'haberse comido perros y gatos de estadounidenses', se comprometió a poner fin al TPS [para los inmigrantes] de Haití. Y eso es exactamente lo que pasó”.

El presidente Trump dijo el miércoles que Estados Unidos mantendrá su bloqueo naval de puertos iraníes hasta que Teherán llegue a un acuerdo con el Gobierno estadounidense sobre el programa nuclear de Irán. Las declaraciones de Trump al medio Axios plantearon la posibilidad de que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado durante meses, lo que desató el pánico en los mercados energéticos mundiales, donde el precio del petróleo crudo se disparó por encima de los 126 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022. Esto se produce al tiempo que el bloqueo de Estados Unidos y los ataques estadounidenses e israelíes han llevado a Irán a una grave crisis económica que se ve reflejada en el aumento vertiginoso del costo de los alimentos y los medicamentos. El miércoles, la moneda de Irán cayó a un mínimo histórico de más de 1,8 millones de riales por dólar estadounidense. El Gobierno de Irán afirma que el conflicto ha provocado que más de un millón de personas pierdan sus empleos, al tiempo que los ataques han dañado más de 23.000 fábricas y negocios del país.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrentará este jueves un segundo día de interrogatorio bajo juramento en el Capitolio de Washington D.C., donde deberá testificar ante un comité del Senado sobre la solicitud de un presupuesto de defensa récord de 1,5 billones de dólares. El miércoles, Hegseth fue interrogado durante casi seis horas por miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El tono de los intercambios fue en repetidas ocasiones tenso, al tiempo que el secretario de Defensa reprendió a los legisladores demócratas que lo acusaron de malversación de fondos e incompetencia, así como de haber mentido. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista del estado de California John Garamendi.
Congresista John Garamendi: “Secretario Hegseth, usted ha estado mintiendo al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día, al igual que el presidente. Ha engañado a la sociedad sobre por qué estamos en guerra. Usted y el presidente han cambiado una y otra vez los motivos para esta guerra”.
En respuesta, Hegseth cuestionó airadamente el patriotismo de Garamendi y acusó al congresista de “entregar propaganda” a los enemigos de Estados Unidos.
Hegseth también fue interrogado sobre los ataques del Pentágono contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico oriental, que, según el Comando Sur de Estados Unidos, se han cobrado la vida de unas 200 personas. El Pentágono ha dicho, sin ofrecer pruebas, que todas estas embarcaciones transportaban drogas. Organizaciones de defensa de los derechos humanos, al igual que algunos legisladores, han calificado los ataques de asesinatos. El congresista del estado de Massachusetts William Keating dijo que no había encontrado “ninguna justificación” para los ataques y advirtió a Hegseth que podría enfrentar la rendición de cuentas.
Congresista William Keating: “Con cada una de estas ejecuciones extrajudiciales, el Gobierno está traicionando los valores estadounidenses. Continuaremos investigando estos ataques. Lo haremos. Esto saldrá a la luz en el futuro”.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano afirma que nuevos bombardeos israelíes han matado a al menos nueve personas en el sur del Líbano y que varias viviendas han sido atacadas y reducidas a escombros. Estos nuevos ataques de Israel se producen a pesar de un alto el fuego mediado por Estados Unidos que se declaró el 16 de abril y se prorrogó la semana pasada. El miércoles, un informe respaldado por la ONU concluyó que más de 1,2 millones de personas, casi una cuarta parte de la población del Líbano, enfrentarán hambre aguda este año debido al “conflicto, los desplazamientos y las presiones económicas”.

Las fuerzas armadas de Israel han interceptado parte de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, una iniciativa que intenta llevar alimentos y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Líderes de la organización internacional de ayuda humanitaria afirman que al menos 22 de las 58 embarcaciones que se dirigen a Gaza fueron perseguidas durante la noche del miércoles al jueves por drones y lanchas rápidas militares cerca de la isla griega de Creta. Los radares de las embarcaciones quedaron bloqueados al tiempo que soldados israelíes armados con rifles de asalto abordaron los barcos y ordenaron a los activistas ponerse de rodillas con las manos en alto. Las autoridades israelíes afirman que arrestaron a 175 personas. La activista Neve O’Connor transmitió en vivo el momento en que su embarcación fue interceptada.
Neve O’Connor: “Como flotilla, hemos activado todos los protocolos de seguridad y ahora nos estamos preparando para la interceptación. Si quedamos en silencio, es porque hemos sido interceptados. Por favor, continúen siguiéndonos. Condenen a Israel. Condenen a quien sea necesario para que podamos regresar a casa sanos y salvos, y no dejen de seguirnos”.
Un portavoz de la Flotilla Global Sumud criticó duramente la interceptación israelí y la calificó como “un ataque directo en aguas internacionales contra embarcaciones civiles desarmadas” y un “secuestro en alta mar”. El año pasado, Israel llevó a cabo incursiones similares contra un intento previo de la flotilla para romper el bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y arrestó a 440 activistas, muchos de los cuales dijeron haber sido sometidos a torturas y abusos mientras permanecieron bajo custodia israelí.

Dos hombres judíos fueron apuñalados este miércoles a plena luz del día en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, en lo que la policía ha calificado como un incidente terrorista. Las dos víctimas, de 76 y 34 años, se encuentran en condición estable. Un ciudadano británico de 45 años nacido en Somalia fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato después de que, según se informa, también intentara apuñalar a varios agentes de policía. La policía antiterrorista está investigando si los apuñalamientos están relacionados con una serie de recientes ataques incendiarios contra sinagogas y lugares relacionados con la comunidad judía en Londres. Estas fueron las palabras expresadas por el alcalde de Londres, Sadiq Khan.
Alcalde Sadiq Khan: “Un ataque contra un londinense judío es un ataque contra nuestro país. Un ataque contra una sinagoga es un ataque contra nuestra ciudad capital. El ataque de hoy ha sembrado el terror en la comunidad judía, no solo en Londres, no solo en todo el país, sino también en todo el mundo. Nuestra respuesta debe estar a la altura”.

Fiscales estadounidenses han acusado formalmente al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos de ayudar al cártel de Sinaloa a traficar drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y favores políticos. Los fiscales alegan que Rocha Moya se reunió con los hijos del exlíder del cártel Joaquín “Chapo” Guzmán antes de las elecciones de 2021 en las que fue elegido gobernador y les prometió designar funcionarios favorables a sus operaciones de narcotráfico al asumir el cargo. Según la acusación, miembros del cártel de Sinaloa sustrajeron urnas e intimidaron a rivales políticos para asegurar la victoria electoral de Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa negó las acusaciones. Rocha Moya es el miembro de más alto rango del principal partido político de México, Morena, en ser acusado formalmente por Estados Unidos.

Los republicanos del Senado de Estados Unidos rechazaron el martes una resolución impulsada por los demócratas que habría obligado al presidente Trump a obtener la aprobación del Congreso para mantener el bloqueo contra Cuba. La maniobra del Partido Republicano para desestimar la resolución de poderes de guerra prosperó con una votación de 51 votos a favor y 47 en contra. El senador demócrata del estado de Pensilvania John Fetterman fue el único demócrata que se alineó con los republicanos en su rechazo a la resolución. Por su parte, los senadores republicanos Susan Collins, del estado de Maine, y Rand Paul, del estado de Kentucky, fueron los únicos republicanos que apoyaron la resolución promovida por los demócratas. El bloqueo estadounidense ha sumido a Cuba en una crisis energética que ha dejado a millones de personas sin suministro estable de electricidad o agua potable.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes a favor de extender por tres años la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y remitió el proyecto de ley al Senado antes del plazo límite de la noche de este jueves. El programa permite a las agencias de inteligencia de Estados Unidos interceptar las comunicaciones electrónicas de ciudadanos extranjeros fuera de Estados Unidos. Sin embargo, algunos de los datos recopilados de conformidad con la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera también incluyen comunicaciones con ciudadanos estadounidenses. La congresista demócrata del estado de Michigan Rashida Tlaib criticó duramente la medida y dijo que esta “ha sido utilizada para espiar a manifestantes de Black Lives Matter, miembros del Congreso, periodistas y otros actores”. Un total de 42 demócratas se unieron a la mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes para votar a favor de avanzar en el proceso de aprobación de la legislación.
Hajar Hammado, asesora principal de políticas de la organización Demand Progress, dijo al respecto: “Estos demócratas han desafiado a las personas que representan y al sentido común para socavar reformas sustanciales en la Cámara de Representantes relativas a la privacidad y, en su lugar, han votado a favor de otorgar amplios poderes de espionaje al Gobierno de Trump. Esto supone continuar con búsquedas clandestinas sin contar con una orden judicial y permitir que un número cada vez mayor de agencias federales aprovechen el vacío normativo de las empresas de datos para potenciar la inteligencia artificial y ampliar la vigilancia masiva nacional”.