Una jueza federal de la ciudad de Chicago emitió una medida cautelar temporal contra el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional en el estado de Illinois por parte del presidente Donald Trump, luego de que funcionarios municipales y estatales presentaran una demanda para bloquear dicha maniobra del mandatario estadounidense. La jueza federal de distrito April Perry dijo el jueves en un fallo verbal que el despliegue de los efectivos “solo echaría más leña al fuego que los propios acusados han iniciado”. El fallo se produjo al tiempo que el gobernador demócrata del estado de Illinois, J.B. Pritzker, ha vuelto a acusar a Trump de exceder su autoridad ejecutiva más allá de los límites establecidos en la Constitución de Estados Unidos.
Gobernador J.B. Pritzker: “Hemos visto en todo momento que han intentado militarizar nuestras ciudades. De hecho, miren lo que están haciendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Sus efectivos usan trajes de faena. Portan armas largas, armas automáticas. Vienen a la zona céntrica de la ciudad. Seamos sinceros, la zona céntrica de Chicago, la avenida Michigan Avenue, ¿cuál es el propósito de eso? Todo eso es un espectáculo”.
Mientras tanto, otra jueza federal de la ciudad de Chicago dictaminó el jueves que agentes federales violaron los derechos constitucionales de manifestantes pacíficos, periodistas y líderes religiosos que participaron en las recientes protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Una demanda presentada por las víctimas de los actos de violencia acusa a los agentes federales de utilizar un “patrón de brutalidad extrema”, alegando que estos tiraron y golpearon a personas contra el suelo, y dispararon balas de goma y de gas pimienta contra manifestantes que protestaban de manera pacífica y periodistas que cubrían la protesta. En su fallo, la jueza federal de distrito Sara Ellis escribió al respecto: “Las personas tienen derecho a protestar, tienen derecho a hablar. Eso está garantizado por la Primera Enmienda de nuestra Constitución, y es un derecho fundamental que defiende nuestra democracia”. La medida cautelar temporal emitida por la jueza Ellis también exige que todos los agentes federales uniformados porten de manera visible su identificación, como el número de placa, en sus uniformes o cascos.
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