Las fuerzas armadas israelíes han intensificado sus ataques contra la Franja de Gaza y su población civil, matando al menos a 51 palestinos desde el amanecer de este jueves. Miles de familias palestinas se han visto obligadas a huir del norte de Gaza después de que Israel emitiera nuevas órdenes de evacuación forzosa para los habitantes de Beit Lahia y Yabalia. El Ministerio de Salud de Gaza informa que las fuerzas armadas israelíes han bombardeado tres generadores de energía eléctrica y tanques de almacenamiento de combustible en el sitiado hospital Indonesio, al tiempo que han rodeado el hospital Al-Awda de Gaza. Tras los ataques israelíes más recientes, solo 19 de los 38 hospitales de Gaza permanecen operativos, aunque su capacidad de atención es sumamente limitada.
Israel autorizó el miércoles la entrada de solo 100 camiones de reparto de ayuda humanitaria a Gaza, una pequeña fracción de los 9.000 camiones que el Ejército israelí sigue reteniendo en los pasos fronterizos del enclave en medio del bloqueo casi total a la entrada de alimentos, agua y medicamentos que sus fuerzas armadas han impuesto en el territorio. Funcionarios de la ONU afirman que la ayuda humanitaria provista está muy por debajo de lo que se necesita para evitar una hambruna y que esta aún no se ha distribuido debido a las condiciones extremadamente difíciles que enfrentan los trabajadores humanitarios. Niños y niñas que padecen condiciones extremas de hambre han estado haciendo fila durante horas en un comedor comunitario de la ciudad de Gaza con la esperanza de recibir una ración de comida.
Mais: “He estado parada [aquí] desde la mañana, y todos están empujando. Hay muchísima gente que solo intenta conseguir comida. Todos entran corriendo. ¿Cómo puedo llenar mi plato? No puedo. Todos los días son así. La gente viene desde dentro y fuera del campamento a buscar comida. He estado aquí desde la madrugada. Intenté venir rápido para conseguir algo de comida, pero no pude”.
En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes dispararon el miércoles contra una delegación de diplomáticos extranjeros que se encontraban en una misión oficial cuya finalidad era observar la situación humanitaria en el campamento de refugiados de Yenín. Las imágenes de un video muestran a diplomáticos de la Unión Europea, de países árabes y de países de Asia realizando entrevistas cerca de la entrada del campamento en el momento en que se escuchan los disparos. Soldados israelíes fueron vistos apuntando con rifles a los diplomáticos. El incidente provocó declaraciones oficiales de rechazo y repudio por parte de Italia, Francia, Turquía, Jordania, Arabia Saudita, Irlanda, España y de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, entre otros.
En la ciudad de Washington D.C., la policía arrestó a un sospechoso de matar a disparos a dos empleados de la Embajada de Israel el miércoles por la noche. Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim, que eran pareja, salían del Museo Judío de la Capital cuando Elías Rodríguez, un residente de la ciudad de Chicago de 30 años, supuestamente abrió fuego contra ambos. Un video de los momentos posteriores al tiroteo muestra a Rodríguez gritando “¡Palestina libre!” mientras se lo llevan esposado.
Haga clic aquí para ver la entrevista que mantuvimos en Tel Aviv con el periodista israelí Gideon Levy.
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, visitó el miércoles la Casa Blanca, donde el presidente Trump aprovechó su presencia en el Despacho Oval para promover afirmaciones falsas de que los agricultores blancos afrikáners se enfrentan a un “genocidio”. Durante una insólita confrontación que se transmitió en vivo por televisión, Trump hizo bajar las luces de la sala y ordenó que se reprodujeran extractos de video que incluían imágenes de personas que llamaban a la violencia contra los agricultores blancos de Sudáfrica. Una de las imágenes mostraba cruces blancas que, según Trump, marcaban “sitios de entierro” de “más de mil” agricultores blancos; sin embargo, dichas cruces no estaban colocadas sobre tumbas reales sino que formaban parte de una protesta contra los actos de violencia que sufren los agricultores. Los datos de la policía sudafricana muestran que los asesinatos de agricultores representaron menos del 0,2% de los asesinatos ocurridos entre octubre y diciembre de 2024. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Ramaphosa en respuesta al ataque de Trump.
Presidente Cyril Ramaphosa: “Es un pequeño partido minoritario, al que se le permite existir en términos de nuestra Constitución, que…”.
Presidente Donald Trump: “Pero ustedes sí les permiten apropiarse de la tierra”.
Presidente Cyril Ramaphosa: “No, no, no, no”.
Presidente Donald Trump: “Ustedes les permiten apropiarse de la tierra”.
Presidente Cyril Ramaphosa: “Nadie puede apropiarse de la tierra…”.
Presidente Donald Trump: “Y luego, cuando se apoderan de la tierra, matan al agricultor blanco. Y cuando matan al agricultor blanco, no les pasa nada”.
Presidente Cyril Ramaphosa: “No, no. Hay bastante…”.
Presidente Donald Trump: “No les pasa nada”.
Presidente Cyril Ramaphosa: “Hay crímenes en nuestro país. Desafortunadamente, las personas que mueren a causa de actividades delictivas no son solo las blancas. La mayoría de estas personas son negras”.
En mayo, el Gobierno de Trump otorgó el estatus de refugiado a un grupo de 59 sudafricanos blancos, incluso después de haber suspendido el reasentamiento de refugiados para casi todas las demás personas del mundo. Las afirmaciones de Trump sobre el “genocidio blanco” se producen después de que Sudáfrica presentara una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El juez federal Brian Murphy dictaminó el miércoles que el Gobierno de Trump violó una orden judicial al deportar esta semana a ocho inmigrantes a Sudán del Sur sin darles al menos 15 días para impugnar su expulsión. Murphy dijo que los funcionarios de inmigración habían informado a los hombres de su deportación con solo 24 horas de anticipación. Sin embargo, el juez no ordenó el regreso de los hombres a Estados Unidos como habían solicitado sus abogados. Se cree que su avión aterrizó el miércoles en Yibuti, pero no está claro si continuará hacia Sudán del Sur, país que, según observadores, podría estar al borde de una nueva guerra civil. Solo uno de los hombres es oriundo de Sudán del Sur, los otros son ciudadanos de Cuba, México, Laos, Vietnam y Birmania.
Esto se produce en medio de crecientes informes de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está llevando a cabo arrestos frente a los tribunales de inmigración, donde los agentes esperan a las personas que se presentan debidamente a sus audiencias judiciales para luego detenerlas. Los miembros de la comunidad han comenzado a presentarse en los tribunales para protestar contra los arrestos e informar a los inmigrantes sobre sus derechos. Los abogados de inmigración temen que los arrestos inciten a las personas a no asistir a sus audiencias judiciales, lo que podría provocar una posible deportación inmediata.
Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han aprobado un amplio proyecto de ley presupuestario impulsado por el presidente Trump que otorga importantes exenciones fiscales a los ricos al tiempo que establece recortes al programa Medicaid y a los programas de asistencia nutricional, así como a los subsidios para proyectos de energía limpia. Medicaid es un programa público de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos. La legislación se aprobó en la mañana de este jueves por un estrecho margen, ya que obtuvo 215 votos a favor y 214 en contra. Los republicanos del Senado, que han expresado algunas preocupaciones sobre este proyecto de ley y han dicho estar dispuestos a realizar cambios, tendrán ahora que aprobar su propia versión del presupuesto. Dado que todos los senadores demócratas se oponen al proyecto de ley, los republicanos podrían recurrir al “proceso de reconciliación” para evitar que los demócratas hagan uso de la regla de obstruccionismo legislativo. El “proceso de reconciliación” es un proceso legislativo para la aprobación de presupuestos que solo requiere una mayoría simple y que evitaría el obstruccionismo republicano.
El Pentágono ha aceptado recibir un avión Boeing de lujo, valuado en 400 millones de dólares, de parte de Catar, que eventualmente se utilizará como el nuevo avión presidencial Air Force One. Los expertos en ética han expresado su preocupación sobre la legalidad del obsequio, así como sobre el costo de la remodelación de la aeronave, que podría ascender a más de mil millones de dólares. Tras ser usado como avión presidencial, la aeronave será finalmente donada a la biblioteca presidencial de Trump, lo que significa que este podrá seguir usándolo aun después de dejar el cargo. Los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon el miércoles un proyecto de ley impulsado por el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, que habría prohibido al Pentágono gastar dinero de los contribuyentes en dicho avión.
En más noticias sobre Washington D.C., funcionarios del Instituto de la Paz de Estados Unidos retomaron el miércoles sus tareas, luego de que la jueza federal Beryl Howell dictaminara que el Gobierno de Trump incurrió en una “grave usurpación de poder” cuando, a principios de 2025, asumió el control de dicho instituto independiente y despidió a sus líderes, como parte de las medidas de Elon Musk para desmantelar las agencias federales. Howell declaró “nula y sin efecto” la toma de control del instituto por parte de la Casa Blanca.
Pakistán ha culpado a “terroristas aliados de India” por el atentado con bomba que sufrió un autobús escolar en la provincia suroccidental de Baluchistán, un ataque en el que murieron al menos seis personas, incluidos tres menores de edad. India ha rechazado cualquier implicación en el hecho, que se produce en un momento de creciente tensión entre ambos países vecinos. Apenas unos días antes, un coche bomba se cobró la vida de otras cuatro personas en Baluchistán. La región ha sido testigo de años de sangrientos conflictos entre el Gobierno paquistaní y los separatistas baluchis. El padre de los tres niños que murieron el miércoles en el atentado contra el autobús escolar imploró a las partes en conflicto que detengan los ataques mortales.
Ying: “Por el amor de Dios, no somos terroristas ni nos gusta el terrorismo. Somos un pueblo que ama la paz. Por el amor de Dios, perdonen a nuestros hijos. Hemos dejado nuestra región y nuestra patria por ustedes. ¿Qué más podemos hacer? Han atacado a mis hijos inocentes, por el amor de Dios. No tenemos otro lugar a donde ir. Tengan piedad de nuestra situación”.
En el Reino Unido, Laila Soueif, la madre del activista británicoegipcio Alaa Abd El-Fattah, quien se encuentra encarcelado en Egipto, ha reanudado una huelga de hambre casi total para exigir la liberación de su hijo. Soueif habló el martes frente al 10 de Downing Street, la oficina y residencia del primer ministro británico, al tiempo que presiona al Gobierno del Reino Unido para que garantice la libertad de su hijo, quien también está en huelga de hambre en una prisión egipcia.
Laila Soueif: “El primer ministro nos prometió a mí y al Parlamento que haría todo lo posible para liberar a Alaa. Hace unos días, mi hija Mona recibió una carta verdaderamente compasiva del señor Starmer, en la que le aseguraba a toda mi familia su continuo respaldo. Pero para Alaa, que está en prisión y que, desde el 1 de marzo, lleva 81 días en huelga de hambre, nada ha cambiado”.
Las autoridades egipcias han mantenido tras las rejas a Alaa Abd El-Fattah durante la mayor parte de la última década por su activismo a favor de los derechos humanos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está desestimando una serie de acuerdos que exigían la supervisión y reforma de los departamentos de policía de las ciudades de Mineápolis y Louisville. Esto se produce pocos días antes del quinto aniversario del asesinato de George Floyd a manos de la policía, que tuvo lugar el 25 de mayo de 2020 en Mineápolis. Los decretos de consentimiento fueron aprobados en respuesta al asesinatos de Floyd, así como a la muerte de Breonna Taylor a manos de la policía de Louisville el 13 de marzo de 2020, y después de que una serie de investigaciones federales revelara patrones de prácticas policiales inconstitucionales y racistas en ambas ciudades. El Gobierno de Trump cuestionó esos hallazgos y desestimó los decretos de consentimiento por considerarlos una “microgestión federal”. El Departamento de Justicia también está poniendo fin a las investigaciones de derechos civiles en los departamentos de policía de las ciudades de Memphis; Phoenix; Oklahoma City; Trenton, estado de Nueva Jersey; y Mount Vernon, estado de Nueva York. Tanto la ciudad de Mineápolis como la de Louisville, cuyos alcaldes son demócratas, dijeron que seguirán adelante con las reformas planificadas a pesar de la decisión del Departamento de Justicia.