Las autoridades de Gaza afirman que, en la últimas 24 horas, una serie de ataques israelíes ha matado al menos a 95 palestino y causado heridas a otras 440. Entre los muertos hay 18 personas, incluidos menores de edad, que murieron cuando Israel bombardeó una escuela de Jan Yunis que albergaba a palestinos desplazados. El ataque aéreo se produjo horas después de que aviones israelíes lanzaran panfletos en los que se ordenaba a la población de Jan Yunis abandonar sus hogares y dirigirse hacia el oeste.
Alaa Ali: “Honestamente, no hay un solo centímetro en la Franja de Gaza que sea realmente seguro. Sin embargo, algunas áreas son relativamente más seguras que otras. Los israelíes las denominan 'zonas seguras', pero en realidad no lo son. Todos los días, o día de por medio, vemos cómo las fuerzas armadas israelíes bombardean una tienda de campaña aquí o una casa allá, incluso una persona dentro de un automóvil. No hay ningún lugar seguro en este país”.
Mientras tanto, un ataque israelí impactó en el techo de un edificio administrativo del hospital Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, lo que provocó temor y confusión entre el personal médico y los pacientes de dicho centro médico.
La Fundación Humanitaria de Gaza, una organización privada que cuenta con el respaldo de Estados Unidos e Israel, dijo que suspendería la distribución de ayuda humanitaria por un día para abordar los problemas de seguridad que enfrentan los centros de reparto de alimentos. Las fuerzas armadas israelíes advirtieron a los palestinos que las carreteras que conducen a los centros de distribución de ayuda humanitaria serán consideradas “zonas de combate”. Esto se produce tras tres días de ataques contra palestinos en centros de reparto de ayuda humanitaria que dejaron 102 personas muertas y casi 500 heridas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre cada uno de dichos ataques, que, según su entender, podrían constituir una violación grave del derecho internacional y un crimen de guerra. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Jeremy Laurence: “La obstaculización deliberada del acceso a alimentos y a otros suministros vitales para una emergencia que sufre la población civil [de Gaza] puede constituir un crimen de guerra. La amenaza de muerte por inanición, junto con los 20 meses de muertes de civiles y destrucción a gran escala, los constantes desplazamientos forzados de población, la intolerable retórica deshumanizadora y las amenazas por parte de los líderes de Israel de sacar a todos los gazatíes de la Franja, también constituyen elementos de los crímenes más graves del derecho internacional”.
Las autoridades de Siria han condenado los ataques aéreos israelíes contra la provincia siria de Daraa, que, según afirman, causaron “grandes pérdidas materiales y humanas”. El Ejército israelí lanzó dichos ataques el martes, después de que las autoridades afirmaran haber detectado dos proyectiles que fueron lanzados desde Siria hacia una zona despoblada de los territorios de los Altos del Golán ocupados por Israel. Tras el derrocamiento en diciembre del régimen de Bashar al-Assad, Israel ha llevado a cabo durante meses una campaña de ataques aéreos contra Siria, donde ha destruido gran parte de la infraestructura militar del país.
El candidato liberal de la oposición, Lee Jae-myung, ha ganado las elecciones presidenciales anticipadas de Corea del Sur. El presidente Lee pronunció un discurso ante sus simpatizantes frente al edificio de la Asamblea Nacional en Seúl, donde prometió fortalecer la democracia de Corea del Sur, después de que su predecesor, Yoon Suk Yeol, declarara durante unas pocas horas, y sin éxito, la ley marcial.
Presidente Lee Jae-myung: “Voy a cumplir la primera misión que el pueblo me ha encomendado, que es superar la insurrección y asegurar que no haya un golpe de Estado militar que utilice el poder de las armas que el pueblo le ha concedido al gobierno para intimidar a ese mismo pueblo. […] Abriré un canal de comunicación entre Corea del Sur y Corea del Norte, y encontraré una vía para que ambos países coexistan y cooperen a fin de encontrar un camino hacia una prosperidad compartida”.
En Sudán, al menos cinco trabajadores humanitarios murieron el lunes por la noche en una emboscada mortal contra un convoy de entrega de alimentos de las Naciones Unidas que se produjo en Darfur. El convoy de 15 camiones estaba transportando suministros de importancia crítica desde la ciudad de Puerto Sudán al estado sudanés de Darfur del Norte cuando fue emboscado por un grupo de atacantes no identificados, quienes prendieron fuego a algunos camiones y les provocaron heridas a varias personas. El Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones humanitarias condenaron el ataque, que calificaron de una violación del derecho humanitario, e instaron a que se lleve a cabo una investigación sobre este, ya que la ruta del convoy había sido compartida con el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Esto se produce al tiempo que Sudán enfrenta un empeoramiento de las condiciones de hambruna, que se han visto exacerbadas por la repentina suspensión de la ayuda internacional estadounidense por parte del Gobierno de Trump, que, según advierten los expertos, podría provocar una de la crisis de hambre más mortífera de los últimos 50 años.
Patrice Dossou Ahouansou: “Nos enfrentamos a una crisis [humanitaria] sin precedentes. Esta crisis es de la humanidad. […] Sin un aumento significativo de los fondos, la asistencia vital no se puede brindar a la escala y a la velocidad requeridas”.
Más de dos años de guerra en Sudán han creado lo que organizaciones internacionales describen como la mayor crisis de desplazamiento de población y de hambre del mundo, en la que, según la ONU, aproximadamente cuatro millones de personas se han visto obligadas a huir del país desde 2023.
Todo esto se produce al tiempo que las autoridades sudanesas han informado de al menos otras 70 muertes por cólera en los últimos días, así como cientos de nuevos contagios, la mayoría de ellos en el estado de Jartum. Las instalaciones de tratamiento de agua de la región han sufrido daños debido a los cortes de electricidad que han provocado los ataques, por lo que los residentes locales se han visto obligados a recurrir a fuentes de agua inseguras. Trabajadores humanitarios afirman que los cadáveres de las personas que han muerto en los enfrentamientos entre soldados sudaneses y combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido se están pudriendo junto al río Nilo, lo que, en parte, ha provocado la rápida propagación del cólera.
Organizaciones de ayuda humanitaria temen que Sudán del Sur esté al borde de sufrir otra guerra, debido a que, en las últimas semanas, decenas de civiles, incluidos menores de edad, han muerto o han resultado gravemente heridos en diferentes partes del país debido a los violentos enfrentamientos entre el Ejército de Sudán del Sur y grupos armados. Las personas sobrevivientes describen los ataques aéreos y los bombardeos que sufrieron las comunidades locales, incluso mientras la gente dormía. Los trabajadores médicos dicen que los combates en curso han dificultado el traslado de pacientes gravemente heridos, que requieren atención médica urgente. Las tensiones entre el Gobierno de Sudán del Sur y grupos opositores a este han aumentado desde marzo. Esto se produce al tiempo que la batalla legal del Gobierno de Trump para trasladar inmigrantes desde Estados Unidos hacia Sudán del Sur ha llegado a la Corte Suprema del país norteamericano.
El presidente Trump ha pedido formalmente al Congreso estadounidense que rescinda la asignación de 8.300 millones de dólares de los fondos previamente aprobados para la ayuda internacional que brindan la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación para el Desarrollo Africano. La solicitud tiene como finalidad hacer permanentes los recortes que el llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” de Elon Musk impuso a la ayuda internacional. La organización Oxfam Estados Unidos advierte que estos recortes podrían hacer que 23 millones de niños y niñas pierdan el acceso a la educación, así como que hasta 95 millones de personas pierdan el acceso a la atención médica básica, lo que podría provocar más de tres millones de muertes evitables por año.
El presidente Trump está presionando a los republicanos del Senado para que aprueben su “gran y hermoso proyecto de ley”, una amplia legislación de gastos que busca financiar exenciones fiscales para los ricos mediante la implementación de recortes masivos a programas sociales, como el de Asistencia Nutricional Suplementaria, así como a Medicare y Medicaid, dos programas públicos de salud que garantizan el acceso a la atención sanitaria a millones de personas pobres, discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. Entre los miembros del Senado que han expresado reticencias se encuentra Rand Paul, quien dijo que no está dispuesto a respaldar un aumento de cinco billones de dólares al límite de la deuda nacional. El martes, los republicanos reticentes obtuvieron el apoyo de Elon Musk, quien, en la red social X, escribió al respecto: “Lo siento, pero ya no lo soporto. Este indignante e inmenso proyecto de ley de gastos del Congreso es una abominación repugnante. Que se avergüencen los que votaron a favor de este proyecto de ley: ustedes saben que cometieron un error. Ustedes lo saben”.
El Gobierno de Trump ha rescindido las protecciones establecidas por el expresidente Biden para las personas embarazadas que necesitan abortos de emergencia. La Ley federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo ordena a los hospitales de los estados que prohíben el aborto brindar atención médica de emergencia a las personas embarazadas que estén experimentando una crisis médica. En un comunicado, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo al respecto: “El Gobierno de Trump no puede simplemente borrar en un abrir y cerrar de ojos cuatro décadas de legislaciones que protegen la vida de pacientes. Independientemente de dónde vivan, las personas embarazadas tienen derecho a un aborto de emergencia que proteja su salud y les salve la vida”.
En Estados Unidos, las autoridades de inmigración han detenido a la esposa y a los cinco hijos del hombre acusado de usar un lanzallamas improvisado y otro dispositivo incendiario para atacar a una multitud de personas que participaban en una marcha semanal en apoyo a los rehenes israelíes que permanecen retenidos en Gaza. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo el martes que los integrantes de dicha familia se enfrentan a una deportación acelerada, después de que el Gobierno de Trump revocara sus visas. Noem también dijo que el Departamento de Seguridad Nacional está investigando si la familia estaba al tanto del ataque o si brindó algún tipo de apoyo para que este se llevara a cabo.
Las prisiones federales deberán seguir proporcionando protecciones y terapia hormonal relacionada con la afirmación de género a las personas transgénero que se encuentran encarceladas, después de que un juez federal emitiera el martes una medida cautelar preliminar que bloquea una de las órdenes ejecutivas contra la comunidad trans que emitió el presidente Trump. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles celebró el “fallo de importancia crítica” y, en un comunicado, dijo al respecto: “La crueldad de este Gobierno para con las personas transgénero ignora los derechos que les otorga la Constitución. Negar a las personas encarceladas [el acceso] a la atención médica que necesitan, incluida la atención médica relacionada con la afirmación de género, constituye una violación de sus derechos constitucionales fundamentales”.
La Casa Blanca está planeando cerrar la Junta de Investigación de Seguridad y Riesgos Químicos, según los documentos presupuestarios que publicó el viernes el Gobierno estadounidense. Desde que se fundó en 1998, esta agencia federal independiente ha liderado investigaciones sobre desastres de gran magnitud, incluida la explosión mortal ocurrida en 2013 en una planta de fertilizantes de nitrato de amonio de la localidad de West, estado de Texas; así como la explosión de la plataforma de perforación petrolera “Deepwater Horizon” ocurrida en 2010 en el golfo de México.
En Estados Unidos, el alcalde de la ciudad de Tulsa ha anunciado un plan de reparaciones por la Masacre Racial de Tulsa de 1921, en la que una multitud violenta de personas blancas asesinaron a unos 300 residentes negros de Greenwood, un barrio de la ciudad de Tusla conocido como el “Wall Street negro”, donde además saquearon y destruyeron casas y negocios. En enero, un informe del Departamento de Justicia concluyó que la Masacre Racial de Tulsa fue un “ataque coordinado de estilo militar”. A pesar de eso, nadie fue condenado ni responsabilizado penalmente por lo ocurrido. El domingo, el alcalde de Tulsa, Monroe Nichols, anunció un paquete de reparaciones valuado en 105 millones de dólares durante una ceremonia que se celebró en el Día de Conmemoración de la Masacre Racial de Tulsa.
Alcalde Monroe Nichols: “Esta no es la antigua batalla de los negros contra los blancos ni la batalla más contemporánea de los demócratas contra los republicanos. Esto se trata de dejar atrás esas pequeñas divisiones y pensamientos obsoletos al tiempo que seguimos adelante. Esta medida tiene que ver con la reconciliación, la reparación, la renovación y la justicia”.