Titulares02 de julio de 2025

El Senado de Estados Unidos ha aprobado una amplia legislación que incluye exenciones fiscales para los ricos y profundos recortes a programas sociales, incluidos programas de asistencia alimentaria y el programa público de salud Medicaid, que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos. El martes, el vicepresidente J.D. Vance emitió el voto de desempate que le otorgó una importante victoria legislativa al presidente Trump.

Vicepresidente J.D. Vance: “En esta votación, los síes son 50 y los noes son 50. Siendo que el Senado está dividido en partes iguales, el vicepresidente vota a favor [de la legislación]. La versión modificada del proyecto de ley queda aprobada”.

Tres legisladores republicanos se unieron a todos los demócratas e independientes para votar en contra de la legislación: Thom Tillis, Rand Paul y Susan Collins. El proyecto de ley fue aprobado después de que se llegara a un acuerdo con la senadora republicana de Alaska Lisa Murkowski, a pesar de la preocupación que le genera el hecho de que la legislación recorte programas de la red de seguridad social. El “proyecto de ley de reconciliación” del Senado también incluye un aumento histórico de fondos para impulsar la política de deportación en masa de Trump, así como medidas para desregular las industrias de inteligencia artificial y de criptomonedas, poner fin a los subsidios a las energías renovables e incluso para imponer nuevos impuestos a los parques solares y eólicos. El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, advirtió sobre las consecuencias políticas de la votación del martes.

Líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer: “La votación de hoy perseguirá a nuestros colegas republicanos en los próximos años, al tiempo que el pueblo estadounidense es testigo del daño infligido, al tiempo que se cierran hospitales, que despiden a trabajadores, que aumentan los precios y que la deuda se incrementa”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el proyecto de ley del Senado agregará 3,3 billones de dólares a la deuda nacional durante la próxima década. Los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se están apresurando a regresar al Capitolio para votar la versión del proyecto de ley aprobada por el Senado antes de la fecha límite impuesta por Trump, que es el 4 de julio.

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En Nueva York, las autoridades electorales declararon este martes a Zohran Mamdani ganador de las elecciones primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad que fueron celebradas en junio. La publicación de los resultados de la votación por orden de preferencia revela que Mamdani, socialista demócrata y miembro de la Asamblea Legislativa estatal, obtuvo el 56% de los votos, por lo que derrotó fácilmente al exgobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo, quien se consagró segundo tras obtener el 44% de los votos. Mamdani ganó con más de 545.000 votos, más de lo que 27 de los 100 senadores de Estados Unidos obtuvieron en sus elecciones más recientes. El martes, el presidente Trump amenazó con arrestar a Mamdani por su promesa de campaña de no cooperar con los agentes federales de inmigración que ejecutan las órdenes de deportación en masa del Gobierno de Estados Unidos.

Presidente Donald Trump: “Bueno, entonces tendremos que arrestarlo. No necesitamos a un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo voy a vigilar muy de cerca en nombre del pueblo estadounidense. […] Mucha gente está diciendo que está aquí de forma ilegal. Vamos a revisar todo”.

En un comunicado, Zohran Mamdani calificó la amenaza de Trump de un ataque a la democracia y dijo: “No aceptaremos esta intimidación”. Asimismo, Mamdani habló con el canal de televisión NY1.

Zohran Mamdani: “Lo que estamos viendo en la retórica del presidente Trump es un intento de centrarse en quién soy, de dónde vengo, cómo me veo y cómo hablo, en lugar de aquello por lo que realmente estoy luchando, dado que hacerlo implicaría exponer el marcado contraste entre nosotros respecto a nuestra sinceridad y a la forma en que realmente cumplimos con las promesas que les hemos hecho a los mismos trabajadores que nuestra política ha olvidado”.

En la Franja de Gaza, las fuerzas armadas israelíes han matado al menos a otros 43 palestinos, incluidas personas que intentaban conseguir ayuda y familias desplazadas que se refugiaban en tiendas de campaña. La cadena Al Jazeera informa que, en solo cinco semanas, Israel ha matado al menos a 600 palestinos que intentaban obtener alimentos en centros de distribución operados de forma militarizada por la autodenominada “Fundación Humanitaria de Gaza”, que es respaldada por Estados Unidos e Israel. Esto se produce al tiempo que el hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, se ha quedado sin suministro de combustible para hacer funcionar los generadores debido al actual bloqueo que Israel está llevando a cabo en el enclave. Al menos 350 pacientes con insuficiencia renal enfrentan una inminente muerte en Gaza, ya que los médicos del hospital Al-Shifa se vieron obligados el martes a cerrar la sala de diálisis. Las masacres y el bloqueo de Israel continúan al tiempo que el presidente Trump ha afirmado que las autoridades israelíes aceptaron las condiciones para un alto el fuego de 60 días en Gaza, aunque Israel aún no ha confirmado haber aprobado los términos de un nuevo acuerdo.

Un nuevo estudio revela que la suspensión de la ayuda internacional a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que implementó el Gobierno de Trump podría provocar 14 millones de muertes adicionales para 2030. Los investigadores que publicaron el estudio en la revista médica británica The Lancet compararon el impacto de los recortes del Gobierno de Trump con el de una pandemia o un conflicto armado importante y advirtieron: “A diferencia de esos eventos, esta crisis se derivaría de una elección política consciente y evitable, cuya carga recaería de manera desproporcionada sobre los niños y las poblaciones más jóvenes, y cuyas consecuencias podrían repercutir durante décadas”. El estudio se publicó al tiempo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebraba el martes el fin de dicha agencia federal y, en una publicación en internet, escribía al respecto: “No pediremos disculpas por reconocer que el compromiso de larga data de Estados Unidos con la ayuda humanitaria vital y la promoción del desarrollo económico en el extranjero debe estar al servicio de la política exterior de 'Estados Unidos Primero'”.

El Gobierno de Trump notificó el lunes a los estados que retendrá 6.800 millones de dólares en fondos que ya habían sido designados a escuelas públicas. El desembolso del dinero, que fue aprobado por el Congreso hace cuatro meses, debía concretarse antes del 1 de julio, antes del inicio del nuevo año escolar, por lo que los distritos escolares y los estados están haciendo malabares para suspender una serie de servicios, incluidos los programas extracurriculares y el apoyo a los estudiantes de inglés. El Gobierno de Trump no ha dicho cuándo liberará los fondos ni si lo hará. En un correo electrónico que fue enviado a los estados, el Departamento de Educación dice que “sigue comprometido a garantizar que los recursos de los contribuyentes se gasten de acuerdo con las prioridades del presidente”.

La jueza federal de distrito del estado de Rhode Island Melissa DuBose ha bloqueado los planes del Gobierno de Trump para reformar radicalmente el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El martes, DuBose dictaminó que es probable que el despido masivo de empleados y la eliminación de programas enteros por parte del secretario de Departamento de Salud, Robert F. Kennedy, sean ilegales, y escribió al respecto: “El Poder Ejecutivo no tiene la facultad de ordenar, organizar o cambiar radicalmente la estructura y las funciones de los organismos creados por el Congreso”. Kennedy Jr. está tratando de eliminar 10.000 puestos de trabajo mientras recorta una serie de programas, incluidos aquellos relacionados con la prevención de enfermedades, las campañas contra el tabaquismo y las inspecciones de seguridad alimentaria.

El presidente Trump recorrió el martes la nueva cárcel para inmigración del estado de Florida, que ha sido bautizada como “Alligator Alcatraz” (el Alcatraz de los caimanes). La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis acompañaron al mandatario estadounidense en el recorrido. La cárcel es un campamento construido apresuradamente en un remoto aeródromo en los Everglades con enormes tiendas de campaña que albergarán a los inmigrantes en jaulas con múltiples literas. Trump se burló de los inmigrantes que serán encarcelados, diciendo que tendrán que aprender a luchar contra los caimanes para escapar de la cárcel, que, además de caimanes, está rodeada de pitones y otros animales salvajes que habitan los pantanos de los Everglades. Cientos de personas se manifestaron frente al centro de detención para protestar contra las políticas migratorias de Trump. Estas fueron las palabras expresadas por una líder de la comunidad indígena miccosukee.

Kailani: “Simplemente, amamos nuestra tierra. Amamos nuestra agua. Amamos nuestro hábitat. Amamos los árboles. Amamos a los inmigrantes. Creemos que lo que están haciendo está muy mal”.

La visita de Trump se produjo previo a que el primer grupo de inmigrantes sea trasladado esta semana al centro de detención. Se anticipa que la nueva cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos podrá albergar hasta 5.000 personas en espera de ser deportadas y que el funcionamiento de la instalación costará alrededor de 450 millones de dólares al año.

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El Gobierno de Trump ha trasladado silenciosamente a más inmigrantes a la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo en Cuba, incluidos ciudadanos de China, Jamaica, Liberia y el Reino Unido. La cadena CBS News informa que, hasta el martes, al menos 54 inmigrantes se encontraban detenidos en Guantánamo.

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Los Ángeles para revocar su política de “ciudad santuario”, que, según el Departamento de Justicia de Trump, está impidiendo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pueda llevar a cabo redadas masivas. El martes, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó públicamente la represión contra las comunidades de inmigrantes por parte de Trump.

Alcaldesa Karen Bass: “Sabemos que Los Ángeles es una prueba piloto, y nos mantendremos firmes. Y lo hacemos porque las personas que están siendo detenidas en las calles de la ciudad y perseguidas por los estacionamientos son nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares, y son residentes de Los Ángeles”.

Esta es la última de una serie de demandas que el Gobierno de Trump ha presentado contra jurisdicciones que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración, incluidas Nueva York, Nueva Jersey y Colorado.

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El juez federal de Nueva York Brian Cogan ha bloqueado temporalmente la decisión del Gobierno de Trump de finalizar anticipadamente el estatus de protección temporal para más de medio millón de inmigrantes haitianos. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, había anunciado previamente que el estatus de protección temporal finalizaría en septiembre, lo que habría provocado que más de 500.000 haitianos se enfrenten al riesgo de ser deportados. Cogan, que fue designado por el expresidente George W. Bush, dictaminó que la medida era ilegal y ordenó que el estatus de protección temporal se mantenga vigente hasta la fecha de finalización prevista, que es febrero de 2026.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la solicitud del gigante del petróleo y el gas ExxonMobil de que se anule una multa récord de 14 millones de dólares por miles de infracciones relacionadas con la contaminación del aire en su planta de la ciudad texana de Baytown, una de las plantas petroquímicas más grandes del país. En 2010, las organizaciones Environment Texas y Sierra Club presentaron el caso en nombre de los residentes que viven en las inmediaciones de la planta. Según dicha demanda, ExxonMobil violó la Ley de Aire Limpio, una legislación federal que regula las emisiones de contaminantes atmosféricos por parte de plantas industriales a fin de limitar la contaminación del aire.

El Gobierno de Trump ha concluido que la Universidad de Harvard violó la ley federal de derechos civiles al no abordar los casos de acoso contra estudiantes judíos ocurridos durante las protestas pacíficas en solidaridad con Gaza que se llevaron a cabo en su campus.

Esto se produce al tiempo que la Universidad de Pensilvania ha cedido a las demandas de Trump de prohibir a las atletas transgénero participar en los equipos deportivos femeninos y borrar los récords establecidos por la nadadora transgénero Lia Thomas, una estudiante graduada de dicho centro educativo que, en 2022, ganó la competencia de estilo libre femenino de 500 yardas en el campeonato de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados.

Paramount ha acordado pagar 16 millones de dólares para resolver una demanda de 20.000 millones de dólares presentada por Donald Trump, quien objetó la forma en que el programa “60 minutos” de CBS News editó una entrevista con Kamala Harris, su oponente en las elecciones presidenciales de 2024. Según se informa, la presidenta de la junta directiva y accionista mayoritaria de Paramount, Shari Redstone, solicitó el acuerdo para garantizar que la Comisión Federal de Comunicaciones apruebe su fusión de 8.400 millones con Skydance Media. En abril, el veterano productor ejecutivo de “60 minutos” Bill Owens presentó su renuncia en medio del conflicto que generó la manera en que se afrontaría la demanda del presidente estadounidense, y dijo que había “perdido la independencia que requiere el periodismo honesto”. En mayo, la presidenta y directora ejecutiva de CBS News, Wendy McMahon, también presentó su renuncia y, en un memorando de despedida, dijo al respecto: “La compañía y yo no estamos de acuerdo en el camino a seguir”.

En Nueva York, los miembros del jurado han llegado a un veredicto en cuatro de los cinco cargos que enfrenta el magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs. El juez que preside el caso dijo que los miembros del jurado habían llegado a un consenso sobre dos cargos de trata de personas con fines de explotación sexual y dos cargos de prostitución, pero que los cargos de crimen organizado siguen sin resolverse. Los fiscales acusan a Combs de agredir repetidamente a varias mujeres, drogar y obligar a mujeres y hombres a tener relaciones sexuales y de ser parte, desde al menos 2008, de una organización criminal que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual y llevaba a cabo actividades como trabajo forzado, secuestros, incendios provocados y sobornos, así como otros delitos.