Titulares20 de agosto de 2025

En la Franja de Gaza, una serie de ataques israelíes se ha cobrado la vida de al menos 56 palestinos en las últimas 24 horas, mientras que otras tres personas han muerto de inanición en medio del bloqueo que Israel ha estado llevando a cabo durante meses en el enclave palestino. Entre los muertos se encuentran 22 personas que perdieron la vida mientras intentaban obtener ayuda alimentaria. Según los funcionarios de salud de Gaza, teniendo en cuenta las muertes más recientes, el número de muertes por los bombardeos y el asedio que Israel ha estado llevado a cabo durante los últimos 22 meses en la Franja ha superado las 62.000, aunque es probable que la cifra real sea considerablemente mayor, ya que más de 11.000 personas que siguen desaparecidas se presumen muertas. La ONU afirma que casi 19.000 menores se encuentran entre los muertos. Mientras tanto, Gaza alberga el mayor número de menores amputados de la historia moderna, ya que más de 4.700 niños y niñas han perdido extremidades debido a los bombardeos israelíes, las municiones de muchos de los cuales fueron suministradas por Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por Mohammad Hassan, un niño que perdió una pierna en junio en un ataque israelí en el que murieron su madre y otros miembros de su familia.

Mohammad Hassan: “Estaba yendo a comprar falafel. Cuando regresé, antes de llegar a casa, miré hacia arriba y vi que el misil estaba cayendo sobre nosotros. Traté de correr, pero el misil se desplazaba demasiado rápido. [De repente,] me vi contra una pared. Y cuando miré, mi pierna ya no estaba. Entonces, alguien me cargó y me trajo a este hospital”.

En Israel, manifestantes liderados por familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamás bloquearon el martes una carretera de la ciudad de Tel Aviv para exigir un intercambio de prisioneros y un alto el fuego en Gaza. La protesta se produjo tras una serie de manifestaciones que se llevaron a cabo el domingo, cuando un millón de israelíes salieron a las calles de diferentes partes del país para exigir al primer ministro Benjamín Netanyahyu que ponga fin a la guerra de Israel en Gaza.

Shai Moses: “Lo único que funciona es presionar al Gobierno de Israel para que llegue a un acuerdo, que lo firme y traiga de regreso a todos los rehenes israelíes y detenga la guerra en Gaza. No nos detendremos hasta que todos los rehenes israelíes estén en casa”.

Naciones Unidas conmemoró el martes el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria con la publicación de un desalentador informe que revela que, en 2024, 383 trabajadores humanitarios perdieron la vida en ataques mientras hacían su trabajo o en sus hogares en diferentes partes del mundo. Dicha cifra representa un aumento del 31% con respecto al 2023, debido en gran parte a los ataques de Israel contra Gaza, donde las fuerzas armadas israelíes se cobraron la vida de 181 trabajadores humanitarios en 2024. En el mismo periodo, 60 trabajadores humanitarios murieron en Sudán mientras trabajaban para hacer llegar ayuda humanitaria a las personas desplazadas por la guerra civil que azota el país. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz de la ONU Jens Laerke.

Jens Laerke: “Esto debe ser una llamada de atención al mundo. Personas que representan lo mejor de la humanidad, personas que intentan ayudar a otros, están muriendo en cantidades récord, y algunas de ellas a sangre fría”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que su Gobierno está desplegando 4,5 millones de soldados en diferentes partes del país, después de que Estados Unidos anunciara que enviaría armamento militar y más de 4.000 infantes de marina a la región del Caribe. Esto se produce luego de que el Gobierno de Trump firmara en secreto una directiva que autoriza al Pentágono usar fuerza militar en dicho territorio, presuntamente para combatir los cárteles de la droga latinoamericanos. El Gobierno de Trump ha acusado al presidente venezolano de ser el líder del Cártel de los Soles y ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por cualquier información que conduzca su arresto, una maniobra que los críticos han calificado de otro intento de Estados Unidos para desestabilizar Venezuela y otros países que se oponen a sus políticas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado los informes que afirman que su Gobierno está colaborando con Estados Unidos en el denominado “Proyecto Portero”, una nueva y amplia iniciativa para combatir cárteles de la droga que el Gobierno de Trump había promocionado como un esfuerzo para “fortalecer” la colaboración entre ambos países. Estas fueron las palabras expresadas el martes por Sheinbaum desde la Ciudad de México.

Presidenta Claudia Sheinbaum: “Es importante aclarar esto, porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del Gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntado al Gobierno de México”.

En el estado de California, activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes están exigiendo la liberación de un estudiante de secundaria que fue detenido a principios de agosto por agentes federales de inmigración mientras paseaba a su perro en un vecindario de la ciudad de Los Ángeles. La familia de Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz describió su detención como un secuestro, ya que varios hombres enmascarados vestidos de civil y con chalecos tácticos obligaron al joven de 18 años a subir a una camioneta sin identificación. Educadores y activistas están pidiendo a las autoridades locales y a las escuelas que protejan a Guerrero-Cruz y a otros estudiantes inmigrantes. El adolescente está detenido en la tristemente célebre cárcel que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos posee en Adelanto, una ciudad que se encuentra a una hora y media de distancia de Los Ángeles, donde está la familia de Guerrero-Cruz.

En el estado de California, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza abrieron fuego contra una familia durante una operación de arresto en la ciudad de San Bernardino. El sábado, la familia se encontraba dentro de su vehículo cuando agentes armados y enmascarados salieron de vehículos no identificados y rodearon su camioneta. Un padre de familia indocumentado oriundo de México conducía el vehículo, su hijo de 18 años y su yerno de 23, que son ciudadanos estadounidenses, estaban en los asientos de pasajeros. Los tres hombres se negaron a salir del vehículo, lo que llevó a los agentes a romper las ventanas. El conductor temió por su vida y se alejó a toda velocidad, al tiempo que un agente disparó su arma. Al menos dos balas impactaron en el vehículo. Según se informa, las fuerzas del orden llegaron más tarde a la casa de la familia, pero no realizaron arrestos debido a las llamadas “políticas de santuario” de California, que prohíben que la policía local colabore con las agencias federales de inmigración.

Todo esto ocurre al tiempo que el periódico The Washington Post informa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos planea duplicar su capacidad de detención para encarcelar a más de 100.000 inmigrantes. El Servicio de Inmigración ya ha ampliado la capacidad de sus cárceles, al tiempo que tiene planes de abrir nuevas instalaciones en diferentes partes de Estados Unidos, incluido el estado de Nebraska, donde una prisión remota denominada “campo de trabajo”, que ha sido apodada por los republicanos como “Cornhusker Clink”, albergará a cientos de inmigrantes que esperan ser deportados. Haga clic aquí para obtener más información sobre la creciente maquinaria de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y ver la entrevista que mantuvimos con Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles.

En el estado de Massachusetts, la alcaldesa de la ciudad de Boston, Michelle Wu, rechazó las demandas de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de poner fin a las políticas de “ciudad santuario” para evitar el arresto y la pérdida de fondos federales. Boston fue uno de los 22 Gobiernos locales de 13 estados a los que se les dio hasta el 20 de agosto para cumplir con la orden del Departamento de Justicia. Estas fueron las palabras expresadas el martes por la alcaldesa Wu frente a la sede del Gobierno Municipal de Boston.

Alcaldesa Michelle Wu: “La fiscal general de Estados Unidos pidió una respuesta para hoy, así que aquí le doy la respuesta: dejen de atacar nuestras ciudades para ocultar los fracasos de su Gobierno. […] El Gobierno de Trump busca dividir, aislar e intimidar a las ciudades, así como hacer que los estadounidenses teman unos de otros. Pero Boston es una prueba de algo mucho más poderoso que las mentiras y la intimidación, [es la prueba de] que la seguridad y la comunidad derivan del amor propio y del amor al prójimo”.

Fiscales federales en Washington D.C. han iniciado una investigación penal sobre las afirmaciones del presidente Trump de que la policía de la ciudad manipuló datos a fin de que las tasas de criminalidad parezcan más bajas de lo que en realidad son. La investigación se llevará a cabo desde la oficina de la fiscal federal interina del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que fue designada por Trump. Según el periódico The Washington Post, Pirro ha ordenado a los fiscales que maximicen los cargos penales contra cualquier persona que resulte arrestada durante la toma de control por parte del Gobierno de Trump del departamento de policía de Washington D.C., a excepción de las personas que porten rifles o escopetas en violación de las leyes de dicha ciudad. En esos casos, Pirro dijo que los fiscales no deberían presentar cargos por delitos graves.

El presidente Trump dijo el martes que los museos del Instituto Smithsonian se centraban demasiado en los aspectos negativos de la historia de Estados Unidos, incluido “lo terrible que fue la esclavitud”. El presidente estadounidense minimizó los horrores de la esclavitud después de que la Casa Blanca ordenara al Instituto Smithsonian llevar a cabo una amplia revisión de las exposiciones de sus museos para garantizar que estas estén alineadas con la interpretación que Trump tiene sobre la historia de Estados Unidos.

La jueza federal de distrito Sharion Aycock ordenó al estado de Misisipi volver a trazar los límites de los distritos electorales de la Corte Suprema estatal, luego de determinar que estos actualmente violan la Ley de Derecho al Voto de 1965. El martes, Aycock dictaminó que el mapa electoral actual, que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante más de un siglo, diluye ilegalmente el poder de los votantes negros. Misisipi ha tenido solo cuatro jueces negros en la Corte Suprema a lo largo de su historia, a pesar de que prácticamente el 40% de su población es afroestadounidense.

En el estado de Texas, la congresista estatal demócrata Nicole Collier presentó una demanda para impugnar la autoridad de los líderes republicanos para poner a los legisladores demócratas bajo vigilancia policial. El lunes, Collier se vio obligada a pasar la noche en el Capitolio de Texas tras negarse a aceptar que agentes de la policía estatal asignados para vigilar cada uno de sus movimientos la siguieran, un requisito que fue impuesto a los legisladores demócratas que habían abandonado el estado a fin de evitar que los republicanos aprobaran un nuevo mapa congresual que podía otorgar a su partido cinco escaños adicionales en el Congreso estadounidense en las elecciones de mitad de mandato de 2026. El martes, Collier volvió a pasar la noche en el Capitolio estatal, acompañada de otros legisladores estatales que se solidarizaron con su causa.

Mientras tanto, los legisladores republicanos de California han presentado una demanda para bloquear la iniciativa del gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, de rediseñar los mapas congresuales estatales para otorgar al Partido Demócrata cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Newsom ha dicho que la medida está diseñada específicamente para contrarrestar la manipulación partidista en la delimitación de los distritos electorales por parte de los republicanos de Texas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma haber acordado proporcionar al Congreso estadounidense los documentos de su investigación sobre el fallecido depredador y traficante sexual en serie Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia comenzará el viernes a entregar los documentos al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que había solicitado formalmente la entrega de todos los registros y comunicaciones relacionados con los expedientes del caso de Epstein y de su cómplice de larga data Ghislaine Maxwell. El lunes, el ex fiscal general de Trump Bill Barr testificó sobre el caso de Jeffrey Epstein ante el Comité de Supervisión después de que este lo citara formalmente. Sin embargo, el comité no ha citado formalmente a Alex Acosta, el exsecretario de Trabajo del presidente Trump que, como fiscal federal del estado de Florida, aprobó en 2008 un acuerdo de no enjuiciamiento que puso fin a la investigación federal sobre la red trata de personas con fines de explotación sexual de Epstein y le permitió al magnate cumplir una breve condena de prisión.

Mientras tanto, en una medida muy inusual, el Gobierno de Trump anunció esta semana que había designado al fiscal general del estado de Misuri, Andrew Bailey, como codirector adjunto del FBI. Bailey trabajará junto con Dan Bongino, un exagente del Servicio Secreto y presentador de pódcast de derecha a quien Trump nombró anteriormente como subdirector del FBI. El nombramiento de Bailey se produce después de que Bongino se enfrentara públicamente con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y amenazara con presentar su renuncia tras la negativa del Gobierno de Trump de publicar los archivos del caso de Epstein.

En el estado de Minesota, un tribunal de apelaciones ha anulado la condena por delito grave que había recibido una defensora del agua que fue procesada penalmente como parte de una brutal represión contra líderes indígenas y manifestantes que se oponían pacíficamente al oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge. El tribunal dictaminó que hubo irregularidades en el caso y mala praxis “generalizada” por parte de la fiscalía, por lo que ordenó un nuevo juicio. Mylene Vialard fue arrestada en 2021 tras instalarse con su hamaca en lo alto de una torre de bambú de ocho metros, que había sido erguida para bloquear una estación de bombeo del oleoducto Línea 3 en el condado de Aitkin. Vialard habló con Democracy Now! en 2023.

Mylene Vialard: “Estoy aquí por mi hija y por la hija de mi hija, así como por todos sus hijos y nietos. Estoy aquí porque hay una verdadera crisis climática, y pareciera que a nadie le importa. Estoy aquí porque esto es lo único que puedo hacer en este momento. Tengo que estar aquí, tengo que defender esta tierra y tengo que defender los derechos de las personas que han estado desde siempre en esta tierra”.

Haga clic aquí para ver la entrevista que mantuvimos en 2023 con Mylene Vialard y la abogada y activista indígena Tara Houska.