Titulares21 de octubre de 2025

Israel continúa lanzando mortíferos ataques contra diferentes partes de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado con Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que, en las últimas 24 horas, al menos 13 palestinos murieron y otros ocho resultaron heridos a mano de las fuerzas armadas israelíes. Dichas muertes se produjeron al tiempo que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que muchos de los 170.000 palestinos que resultaron heridos por los ataques israelíes contra Gaza necesitarán rehabilitación y apoyo durante los próximos años, mientras que unos 42.000 han sufrido lesiones con secuelas de por vida.

Estas fueron las palabras expresadas por Mahmoud al-Nakhaleh, un palestino desplazado que buscó atención médica para su hija en la clínica al-Daraj de la ciudad de Gaza, que fue bombardeada repetidas veces por Israel.

Mahmoud al-Nakhaleh: “Mi esposa, mi madre y mis dos hijas murieron, y mi hija Dana resultó gravemente herida. Actualmente estamos en el hospital. No hay tratamientos ni suministros médicos. Incluso hay moscas y mosquitos por todas partes. Ni siquiera teníamos un colchón. Trajimos este de afuera del hospital. No hay mantas ni suministros médicos. Estamos sufriendo muchísimo”.

En la mañana de este martes, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llegó a Israel para mantener conversaciones con Benjamín Netanyahu, en medio de informes de que el primer ministro israelí se está preparando para poner fin al acuerdo de alto el fuego mediado por el Gobierno estadounidense. Vance se unirá en las conversaciones al enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense.

En los territorios ocupados de Cisjordania, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios afirma haber documentado 71 ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en solo una semana. Entre las víctimas se encuentra una mujer de 55 años que fue hospitalizada con una hemorragia cerebral, después de que un colono israelí enmascarado la golpeara con una porra hasta dejarla inconsciente. El periodista independiente Jasper Nathaniel, que filmó el domingo los actos de violencia que sufrieron cultivadores palestinos de olivos en la localidad de Turmus Aya de los territorios ocupados de Cisjordania, comparó el ataque de colonos israelíes con una “turba de linchamiento”.

Mientras tanto, varios palestinos han celebrado el funeral de Muhammad al-Hallaq, un niño de diez años que recibió un disparo mortal en la pelvis mientras huía de un grupo de soldados israelíes que llevó a cabo la semana pasada un operativo en una localidad situada al sur de la ciudad de Hebrón. Al-Hallaq estaba jugando fútbol en el patio de una escuela cuando los vehículos israelíes llegaron al lugar.

Un tribunal federal de apelaciones ha dictaminado que el presidente Trump puede desplegar la Guardia Nacional en Portland, por lo que ha revocado una medida cautelar emitida por un tribunal inferior, que había impedido que el mandatario estadounidense enviara militares a dicha ciudad. El fiscal general del estado de Oregón, Dan Rayfield, dijo que si el fallo se mantiene, Trump tendría “poder unilateral para poner soldados de Oregón en las calles casi sin justificación”, y agregó: “Estamos transitando un camino peligroso en Estados Unidos”.

Mientras tanto, una jueza federal de la ciudad de Chicago cuestionó el lunes a las autoridades federales de inmigración sobre el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes y periodistas, una práctica que viola una orden judicial anterior que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos usar dicho agente químico contra las multitudes.

Esto se produce al tiempo que otro tribunal se ha negado a emitir una medida cautelar para impedir que el gobernador del estado de Tennessee, el republicano Bill Lee, despliegue la Guardia Nacional en la ciudad de Memphis.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, está defendiendo la decisión de comprar dos aviones privados de lujo para ella y otros funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. El valor de los aviones, cuyo pago se realizó con fondos públicos, es superior a 170 millones de dólares.

La adquisición por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos de dos aviones Gulfstream G700 se produce al tiempo que el cierre del Gobierno federal entra en su vigesimoprimer día, lo que pone en riesgo la continuidad de los programas federales de asistencia nutricional, así como de otros programas públicos de los cuales dependen millones de personas de todo el país. En un comunicado, el congresista demócrata Bennie Thompson calificó la compra multimillonaria de “descaradamente inmoral” y “probablemente ilegal”.

Esto se produce al tiempo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha gastado más de 70 millones de dólares extra en armas para sus agentes desde que Trump regresó a la presidencia del país, lo que representa un incremento del gasto del 700%. Esto incluye la compra de explosivos, armas químicas y ojivas de misiles guiados, al tiempo que se intensifican las redadas migratorias y los actos de represión contra los manifestantes en diferentes partes del país.

El Gobierno de Colombia ha llamado a consultas a su embajador en Estados Unidos, al tiempo que aumentan las tensiones con el Gobierno de Trump por los repetidos bombardeos militares que Estados Unidos ha llevado a cabo de manera extrajudicial contra embarcaciones en el Caribe, muchos de los cuales se han producido frente a las costas de Venezuela. Estados Unidos ha destruido al menos siete embarcaciones en la región, lo que ha provocado la muerte de al menos 27 personas, al tiempo que las autoridades afirman, sin pruebas, que los barcos atacados transportaban drogas. En una entrevista exclusiva con la cadena de televisión Univisión, el presidente colombiano, Gustavo Petro, habló sobre la amenaza que representan los ataques estadounidenses en el Caribe.

Presidente Gustavo Petro: “Lo que han construido de la política antidrogas es una política de dominación sobre Colombia y América Latina. Y, entonces, matan un millón de latinoamericanos, y no ha disminuido un gramo de cocaína la demanda de los Estados Unidos, y aumenta en Europa. Eso se llama dominación. Y eso es lo que le dio a Trump rabia que yo dijera. Que él está preparando una invasión a Venezuela, no por el narcotráfico. Mentiras”.

En Japón, la exministra de Seguridad Económica, Sanae Takaichi, ha hecho historia tras convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del país. Takaichi es una ultraconservadora protegida del difunto ex primer ministro Shinzo Abe y se postuló para el cargo bajo el lema “Japón primero”. Por otro lado, Takaichi tiene una visión revisionista de la historia de Japón en la Segunda Guerra Mundial y visita regularmente el santuario Yasukuni, donde se conmemora a algunos criminales de guerra condenados.

Takaichi, quien es desde hace mucho tiempo admiradora de Margaret Thatcher, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido, se ha opuesto sistemáticamente a una legislación que permitiría a las mujeres mantener sus apellidos de solteras después del matrimonio. Takaichi también se opone al matrimonio igualitario.

El Gobierno de Trump ha despedido a dos fiscales federales adjuntas del Distrito Este de Virginia que se negaron a presentar cargos penales contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James. La cadena CBS News informa que los despidos de las fiscales federales adjuntas Kristin Bird y Elizabeth Yusi forman parte de la purga que el Gobierno estadounidense está llevando a cabo en dicha fiscalía, después de que el fiscal federal interino designado por Trump Erik Siebert renunciara a su cargo tras la presión ejercida por el mandatario estadounidense por negarse a presentar cargos contra Letitia James y el exdirector del FBI James Comey. Trump reemplazó a Siebert con su abogada personal Lindsey Halligan, quien es especialista en seguros y no tiene experiencia como fiscal.

El lunes, el equipo legal que representa a James Comey pidió a un juez federal desestimar los cargos penales en su contra, argumentando que Halligan fue designada ilegalmente como fiscal federal, un cargo que requiere la confirmación del Senado de Estados Unidos. Asimismo, los abogados argumentaron que las repetidas declaraciones públicas de Trump en las que pedía el encarcelamiento de Comey constituyen una prueba de que el acusado ha sido víctima de un proceso judicial selectivo.

Un exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos está denunciando haber recibido órdenes ilegales mientras trabajaba para el fiscal general adjunto designado por Trump Emil Bove. El denunciante Erez Reuveni le dijo al periodista del programa “60 minutos” Scott Pelley que el fiscal general adjunto les dijo a los abogados del Departamento de Justicia en una reunión que quizás deberían considerar decirles a los tribunales que fallen en contra de las políticas de inmigración del presidente Trump “que se jo***”. La orden de Bove se produjo al tiempo que el Gobierno de Trump se apresuraba a enviar un avión repleto de inmigrantes a El Salvador, donde serían encarcelados sin juicio en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.

Erez Reuveni: “Bove enfatizó: 'Esos aviones deben despegar como sea'. Y luego, después de una pausa, también les dijo a todos los presentes: 'Y si algún tribunal emite una orden que lo impida, es posible que tengamos que considerar decirle a ese tribunal: ’'jo***’’”.

Scott Pelley: “Y cuando escuchó eso, ¿qué pensó?”.

Erez Reuveni: “Sentí como si hubiera estallado una bomba. Aquí está el tercer funcionario más importante [del país] usando insultos para decirnos a abogados de carrera que posiblemente tengamos que considerar ignorar las órdenes de los tribunales federales”.

En un comunicado, Emil Bove calificó las afirmaciones de Reuveni como una “mezcla de falsedades y distorsiones salvajes de la realidad”. El Senado de Estados Unidos confirmó en julio a Bove para un cargo vitalicio como juez de un tribunal federal de apelaciones.

El candidato del presidente Trump para dirigir la Oficina del Asesor Legal Especial, Paul Ingrassia, envió un mensaje de texto a un grupo de republicanos diciendo que tiene una “vena nazi” y que el feriado de Martin Luther King Jr. debería ser “lanzado al séptimo círculo del infierno”. Estos comentarios formaban parte de una serie de mensajes de texto racistas de Ingrassia que el medio Político publicó el lunes. Tras su publicación, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, señaló que es poco probable que un comité de la Cámara Alta apruebe la nominación de Ingrassia en la audiencia de confirmación programada para el jueves.

Esto ocurre luego de que el medio Político publicara una imagen de una bandera estadounidense con franjas rojas y blancas dispuestas en forma de esvástica exhibida dentro de la oficina del congresista republicano Dave Taylor en el Capitolio de Estados Unidos. Taylor negó ser poseedor de dicho símbolo y afirmó que su oficina fue víctima de una “campaña orquestada” contra los republicanos.

Todo esto se produce después de que el presidente Trump pareciera haber emitido un mensaje en código relacionado con el nacionalismo blanco durante un discurso que pronunció recientemente ante líderes militares en la ciudad de Quantico, en el estado de Virginia. Trump afirmó, sin pruebas, que 11.488 personas fueron asesinadas por inmigrantes durante la presidencia de Biden.

Presidente Donald Trump: “Este tipo que no entendía nada dejó entrar a 11.488 asesinos. Biden no entendía nada”.

Es probable que el discurso haya sido escrito por el subdirector de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller. La cifra mencionada por Trump en su discurso parece hacer referencia al número 1488, un símbolo de los militantes nacionalistas blancos.

En Estados Unidos, siete universidades se han negado a firmar un “convenio” para aceptar, a cambio de fondos federales, las demandas del Gobierno de Trump en relación con las admisiones, las políticas de contratación en los campus y la libertad de expresión en las aulas. El Gobierno de Trump envió a principios de octubre el memorando a nueve universidades. Entre las universidades que han rechazado el acuerdo se encuentran la Universidad de Arizona, la Universidad de Brown, el Dartmouth College, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Pensilvania, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Virginia. Según se informa, la Universidad de Vanderbilt expresó sus reservas, mientras que la Universidad de Texas indicó que estaba dispuesta a firmar el convenio.

La Casa Blanca ha comenzado a demoler parte del ala este del edificio para comenzar a construir el salón de baile del presidente Trump, un proyecto cuyo presupuesto asciende a 250 millones de dólares. La demolición se produce a pesar de que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la agencia federal encargada de las principales remodelaciones de edificios gubernamentales en la ciudad de Washington D.C., no ha aprobado las obras de construcción. La semana pasada, Trump celebró una cena en la Casa Blanca para agradecer el financiamiento de su salón de baile a los donantes de Silicon Valley, Wall Street y la industria armamentista. Según el periódico The Wall Street Journal, representantes de las compañías Lockheed Martin, Microsoft, Meta, Google, Amazon.com y Palantir asistieron a la cena, y algunos donaron hasta 25 millones de dólares. El congresista demócrata Darren Soto escribió en redes sociales: “El salón de baile multimillonario de Trump. Esto es una desgracia. Bienvenidos a la Segunda Edad Dorada”, en referencia a la Edad Dorada de Estados Unidos, un periodo de finales del siglo XIX marcado por la alta desigualdad económica y la concentración de riqueza y poder en manos de unas pocas personas.